RESCOLDOS JUDICIALES DEL MARINISMO TRABAN ORDENES DE APREHENSIÓN

Por Alejandro Fernández Martínez

Gracias a la llegada de las nuevas autoridades al gobierno del estado, comerciantes de la organización “Valle de Texmelucan” se sienten respaldadas y ven resueltas sus demandas, no obstante los rescoldos judiciales de la administración “marinista”, siguen trabando órdenes de aprehensión contra inculpados de despojo.

José Martín Gallo Islas, Presidente de los comerciantes que laboran semana con semana en el Tianguis en la ciudad de San Martín Texmelucan, denunció al comandante de aquella demarcación José Salvador Salazar Aguilar, que sin motivo aparente no ejecuta una orden de aprehensión en contra de José Manuel Valencia Martínez, así como de otras 4 averiguaciones previas que pesan sobre él.

Gallo Islas, acusó que durante la administración del ex gobernador Mario Marín Torres, Valencia Martínez, que se dice ser líder de comerciantes en el tianguis de ropa, fue denunciado por despojo en más de tres ocasiones, sin embargo, siempre gozó de la impunidad de la justicia.

Reveló, que la llegada de la nueva administración, al parecer las cosas tienden a cambiar ya que recientemente fue liberada una orden de aprehensión en contra de este individuo bajo el número de expediente 25/2011 del Distrito Judicial de Huejotzingo.

Sin embargo, el Comandante José Salvador Salazar Aguilar, quien debió acatar la orden hasta el momento no la ejecuta, Gallo Islas, señaló desconocer los motivos, asimismo desconocer que lazos existen entre el inculpado y el agente del Ministerio Público Rogelio Pérez Cruz, que no lo detienen.

Consideró, que ambas autoridades están coludidas para brindarle protección en contra de la justicia, ya que éstas son concientes de los delitos y de otros más que suman en su contra. (707/2010, 628/2010, 134/2010)

Hizo el llamado para que el Procurador de Justicia Víctor Antonio Carrancá Bourget, tome cartas en el asunto y haga validar el peso de la justicia ese lugar, y esclarezca los motivos del porque su hermetismo por no ejecutar las órdenes que dictaminan las autoridades basadas en la denuncia.