¡SE CUMPLE UN AÑO MÁS DE IMPUNIDAD!

No me he callado y no me voy a callar.

No seré cómplice de este estado de impunidad.

Mientras tanto Blanca Alcalá autora del saqueo de recursos del Ayuntamiento se pavonea como candidata del PRI al Senado

Por Arturo Loyola González

En una pesada atmósfera de impunidad, se cumple un año de que el Cabildo aprobó el dictamen de la Entrega-Recepción, en cuyo corpus se relacionó un extenso conjunto de datos que acreditan el cuantioso desvío de recursos perpetrado por la administración municipal que encabezó Blanca Alcalá durante el periodo 2008-2011.

El corpus del dictamen se turnó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS); el Congreso del Estado tuvo conocimiento del caso; la Auditoría Superior de la Federación emitió pliegos de observaciones por el uso indebido de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2010, como también los emitió el Órgano Fiscalizador del Estado de Puebla.

Las cifras parciales y por tanto iníciales, relacionadas tanto en el dictamen de la Entrega- Recepción, como por las autoridades fiscalizadoras alcanzaron los 1000 millones de pesos; pero a pesar de ello, a un año no ha pasado absolutamente nada y el lastre de la impunidad no ha dejado de hacer sentir su peso; al contrario, éste continua aumentando a la vez que ha incorporado un viciado ambiente de burla.

Todas las instancias cuya responsabilidad y razón de que existan, es la rendición efectiva de cuentas no han hecho absolutamente nada. Han exhibido su negligencia y hasta su complacencia: sólo han dado evasivas y su conducta omisa confirma que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas no aplica frente a la política.

Mientras tanto, la autora del saqueo perpetrado contra los recursos públicos del Ayuntamiento se pavonea como candidata del PRI al Senado de la República. Más ahora que el Congreso del Estado, sin razones validas y claras, ha decidido postergar la revisión de las cuentas públicas con el ridículo argumento de no politizarlas ni afectar el proceso electoral.

Han transcurrido 15 meses, tiempo suficiente y hasta de sobra para cumplir y hacer cumplir la Ley de Rendición de Cuentas; sin embargo, el racimo de enigmas ahí sigue.

¿Por qué no se actuó en los tiempos legales en los que se debía actuar?; ¿Por qué se le trata con tanta consideración y distinción a quien le causó daño patrimonial al municipio?; ¿Por qué el Congreso del Estado decide posponer la rendición de cuentas hasta después de las elecciones?; ¿Quién o quienes fungen como gestores de la impunidad?; ¿Quién o quiénes y a cambio de qué le conceden impunidad?

¿La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas no aplica en época de elecciones o todavía no existe Ley suficiente que pueda ser aplicada?

¿La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas es ciega frente al Blanqueo del dinero público?