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Han trascurrido 11 años desde el primer asesinato político de una defensora de Derechos Humanos (DH): la ejecución de la abogada Digna Ochoa y Plácido, y desde entonces las amenazas contra activistas arreciaron en todo el país.
Aunque las autoridades del Gobierno del Distrito Federal se empeñaron en afirmar que la defensora se suicidó de tres balazos y cerraron el caso en julio de 2011, activistas reiteraron que el crimen está impune y ha dado pie a casos similares.
Ésa es la conclusión de organizaciones como Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acudddeh), Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Durante el encuentro “Los retos de la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, organizado para conmemorar a Digna Ochoa, asesinada en su oficina en esta ciudad el 19 de octubre de 2001, las y los defensores aseguraron que la situación se agravó.
Si bien la muerte de la abogada fue un caso paradigmático, actualmente hay muchos casos de mujeres defensoras que han sido asesinadas sin que hasta el momento se haya castigado a los responsables, sostuvo Orfe Castillo, integrante de JASS.
Ejemplo de las activistas asesinadas son Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Susana Chávez, quienes acompañaban casos de feminicidio y desaparición de mujeres en Chihuahua, y Beatriz Cariño, quien denunció a grupos paramilitares en Oaxaca.
Hay otras más que día a día son amenazadas como Luz Estela Castro, de Chihuahua; Margarita Martínez, de Chiapas, y Bettina Cruz Velázquez, de Oaxaca, todas ellas activistas que acompañan casos o se oponen a mega proyectos económicos o políticos.
También están las mujeres exiliadas que se ven obligadas a abandonar su ciudad o incluso el país, todo con tal de proteger su vida. Así lo han hecho Norma Andrade, Olga Reyes, Sara Salazar y Marisela Ortiz, todas originarias de Chihuahua.
Digna Ochoa es uno de los primeros casos documentados que evidencia que a las mujeres se les desprestigia. De ella se dijo que estaba trastornada de sus facultades mentales, se le acusó de tener una relación pasional y hasta se dijo que era lesbiana.
Orfe Castillo expuso que las defensoras son más vulnerables a vivir el descrédito, deslegitimación, violencia sexual y violencia familiar porque sólo a las mujeres se les acusa de salir a exigir derechos porque se cree que ése es su papel.
Aunado a lo anterior, la abogada Pilar Noriega afirmó que las autoridades y las dependencias de los tres niveles de gobierno estigmatizan a las activistas como defensoras de delincuentes.
Ante esta clara afrenta del Estado, la abogada y compañera de Digna Ochoa señaló que todas las personas tienen derecho al debido proceso cuando enfrentan un proceso judicial, al trato digno, a la presunción de inocencia y a la reparación del daño.
En este sentido, Alejandro Cerezo, de Acuddeh, refirió que Digna Ochoa también fue criticada por el tipo de casos que defendía: integrantes de grupos armados, guerrilleros, ecologistas que defendían sus bosques, casos que –dijo– ahora pocos quieren defender.
Al respecto, Daniel Joloy, integrante de la CMDPDH, dijo que ante la ola de violencia que ha alcanzado a quienes promueven las garantías humanitarias, se ha trabajado en mecanismos de protección.
En junio pasado se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como un mecanismo para proteger a las personas en riesgo, sin embargo aún no se ha implementado totalmente.
Mencionó que para que esta ley funcione, debe de expedirse un reglamento que todavía no se ha publicado e integrarse un consejo consultivo que aún no ha sido electo.
En este contexto, las y los defensores de DH criticaron que el asesinato de Digna siga en la impunidad, y recordaron que actualmente está a la espera de ser admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su análisis.
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