Administración estatal comete delito de daño en propiedad ajena...

Comunidades de la Sierra Norte rechazan proyecto hidroeléctrico del gobierno de Puebla.

Rafael Moreno Valle firmó un Convenio denominado “Generación de Energía limpia” con Javier García de Quevedo, presidente de Minera México.

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

“Comunidades y organizaciones indígenas de la Sierra Norte de Puebla, pertenecientes a Ahuacatlán, Olintla y Bienvenido, rechazamos el proyecto hidroeléctrico que el Gobierno del estado pretende ejecutar, ya que sin tener la autorización de propietarios de los terrenos, inició los trabajos para la realización y ejecución de dicha obra; cometiendo con ello el delito de daño a propiedad ajena y daños a la ecología en la zona”.

Lo anterior fue denunciado en conferencia de prensa por miembros de diversas organizaciones como la Unidad Indígena Totonaca Nahua, Universidad de la Tierra en Puebla, Unión de Cooperativas Tosepan Titataniskej, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Centro de Estudios Ecuménicos, Pastoral Social Sierra Norte de Puebla, Centro operacional de Vivienda y Poblamiento, Timomachtikan, Naku Skgoy, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Red de Defensa de los Derechos Humanos. (REDDH)

Estas personas dieron a conocer que el 14 de abril de 2011 a pesar de que se cuenta con la presa Necaxa que si se le da mantenimiento podría abastecer ampliamente la necesidad de electricidad de la zona, el gobernador Rafael Moreno Valle firmó un Convenio denominado “Generación de Energía limpia” con Javier García de Quevedo, presidente de Minera México, en donde se acordó la construcción de cuatro hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera con una inversión de dos mil millones de pesos, cuyo principal accionista de Grupo México es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México.

Explicaron que a pesar de la oposición de los propietarios de terrenos a partir de julio de 2011 “Grupo México”,inició actividades reconocimiento de terrenos y trazo de caminos en diversas comunidades indígenas de los municipios de Ahuacatlán, Olintla y Bienvenido.

Sin embargo es desde el mes de octubre de éste año 2012 cuando intentan ejecutar la obra, por lo que el presidente municipal de Olintla de nombre Héctor Arroyo Bonilla y el síndico municipal Domingo de Jesús Francisco Galindo, haciendo uso indebido de sus funciones, presionan y amenazan a pobladores de la comunidad de Ignacio Zaragoza para que vendan sus tierras a la empresa y para que acepten el proyecto hidroeléctrico.

Además le exigieron al juez de paz de esa comunidad que firmara un documento aprobando la construcción de la hidroeléctrica sosteniendo que de no hacerlo, el gobierno federal enviaría al ejército a la comunidad.

“El 5 de diciembre una máquina tipo bulldozer pretendía entrar a la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza para abrir un camino hasta el río Ajajalpan pasando sobre las tierras de pobladores de la comunidad sin su autorización. Algunos pobladores se organizaron para detenerla, impidiendo su paso hasta el momento”, dijeron.

“El 6 de diciembre el presidente municipal de Olintla con su cuerpo de policías llegó a exigir a Zaragoza que dejaran pasar la máquina, un policía amenazó a la gente con rociarles gas pimienta al no lograr convencer a los pobladores de permitir ser despojador de su propiedad”.

Informaron que ante estos hechos, pobladores de Ignacio Zaragoza interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la indebida actuación del presidente municipal y el síndico de Olintla, y denuncias penales por daños a propiedad ajena, abuso de autoridad y daños a la ecología.

Refirieron que la pretendida construcción de tres hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan, afectaría gravemente la vida de los pueblos totonacos al disminuir de manera drástica el caudal de agua del río la cual ha venido disminuyendo año con año, afectándose además, la fauna y flora de la región agravada por la capa vegetal que está siendo removida por la construcción de los proyectos.

dieron a conocer que otros dos proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por empresas privadas en la sierra norte, uno sobre el río Apulco en el municipio de Zacapoaxtla y otro sobre los ríos Zempoala y Ateno afectando los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Nauzontla.

Por último exigieron a los gobiernos, Federal, Estatal y municipal; la inmediata salida de la comunidad de Ignacio Zaragoza de la maquinaria con la que se pretende abrir un camino hasta el río Ajajalpan. Garantizar la reparación de los daños ocasionados en los terrenos que han sido afectados por la empresa privada. La cancelación de los proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla, ya que lejos de ser proyectos que benefician a las comunidades a la larga, profundizarán la marginación pues producen graves daños ecológicos y sociales.

Respetar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante cualquier proyecto que afecte sus vidas y el territorio donde viven y garantizar la seguridad de sus compañeros que están ejerciendo su pleno derecho a defender sus tierras que son su principal medio de sustento.