Responsabilizan a autoridades municipales y estatales de lo que pueda ocurrir...

EMPIEZA “CACERIA DE BRUJAS” EN AMOZOC, POR PROBLEMAS DEL AGUA POTABLE

Por Alejandro Fernández Martínez

Producto de la resistencia que mantienen usuarios del Sistema Operador de Agua en el municipio de Amozoc, el día de ayer, fue liberado de prisión bajo fianza Augusto de los Santos Hernández, miembro de la Asociación “Agua para Amozoc” quien fue aprehendido, supuestamente por haber privado de la libertad a vigilantes y trabajadores de la paraestatal.

Tal como éste informativo, ha dado seguimiento puntual al problema de reparto de agua en esta región, hoy las amenazas pasaron a la realidad, en la persona de De los Santos Hernández, quién además de ser miembro activo de “Agua para Amozoc” pretende ser candidato a la Alcaldía con fuertes posibilidades de triunfo.

En entrevista, el liberado Augusto de los Santos, negó los delitos imputados, y añadió que nunca participó en la protesta frente a las oficinas del SOAPAP, sino como parte de la dirección, esperaban ser atendidos por el Secretario del Ayuntamiento -ese mismo día- para tratar efectivamente la desaparición de la paraestatal en este lugar.

Acusó a las autoridades, de querer acabar con el movimiento de ciudadanos, que lo único que buscan, es hacer valer sus derechos y exigir que como comerciantes establecidos, se brinde la dotación de agua, tal como anualmente exigen sea pagada.

Narró, que la denuncia presentada en su contra y la de otros miembros de la organización, no corresponde a la realidad, y forma parte de una vil calumnia, que busca acabar con su disposición para ser un candidato real en busca de la Presidencia Municipal.

Anunció, estarán pendientes en realizar las movilizaciones correspondientes, con la finalidad de proteger a sus líderes, de los que saben pesan las mismas acusaciones.

Cabe mencionar, que presuntamente existen órdenes de aprehensión en contra de Eloy Méndez Becerra, Isidro García, Dolores Ramírez, Mario de la Rosa, y Ricardo de los Santos, por lo que hacen responsable a las autoridades municipales y estatales de lo que pueda ocurrir, ya que el único delito cometido es el reclamo a sus derechos de ciudadanos.