El Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla a través de su Secretaría de Derechos Humanos y Sociales, expresa su profunda preocupación debido a recientes sucesos acaecidos en el Estado. Sucesos relacionados con la desposesión, el despojo y el abuso por parte de intereses particulares; con posibles irregularidades administrativas, con la probable complicidad y violencia por parte de funcionarios públicos; por la presencia de un creciente clima de confrontación entre pobladores de algunas comunidades ante la ausencia de un arbitraje imparcial y con base en derecho por parte de la autoridad pública. Sucesos que causan preocupación al amenazar la seguridad y las condiciones de vida de numerosos poblanos.
Los sucesos en cuestión se encuentran relacionados con una serie de conflictos y protestas que han desatado el avance de diferentes proyectos hidromineros en varios lugares del Estado. Según diversas fuentes (Jornada de Oriente/Ladob; activistas en contra de los proyectos hidromineros) trata de entre 22 y 27 proyectos mineros acompañados por la construcción de seis hidroeléctricas, en las que tanto su construcción como futura explotación se encuentran asociadas empresas chinas, canadienses, inglesas y mexicanas.
Para lograr una dimensión del problema basta señalar que según datos de la Secretaría de Economía Federal, entre 2011 y 2012 se han concesionado un total de 59 mil hectáreas para su explotación, y una sola empresa, Almaden Minerals, posee la concesión de 45 mil hectáreas para la extracción de oro. Así mismo, la construcción de hidroeléctricas está destinada al abastecimiento de energía y agua a las mineras en cuestión, ya que estas necesitan de grandes cantidades de estos recursos para su funcionamiento. Este proyecto Hidrominero a decir de diferentes versiones periodísticas, es impulsado por una coalición entre Grupo México y Gobierno del Estado (Jornada de Oriente). Diseñados para beneficio de los proyectos mineros, las hidroeléctricas serán una gran calamidad para los pueblos de la Sierra Norte. Baste decir que se calcula que pueden llegar a reducir hasta en un 90% el nivel de las aguas de los ríos.
Cuatro son las regiones en la cuales los llamados “proyectos de muerte” están generando la resistencia de la población: Tulcingo del Valle, Zautla, Tetela de Ocampo y Olintla. Uno de los principales focos de conflicto se encuentra localizado en la Comunidad Ignacio Zaragoza, Municipio de Olintla, en la Sierra Norte del Estado, en donde una parte de la comunidad junto con un grupo de activistas se han opuesto a la construcción de una hidroeléctrica a orillas del río Ajalpan. En este caso la tensión llegó a extremos preocupantes el pasado día 27 de enero cuando un grupo de setenta personas fueron retenidas ilegalmente en el poblado, bajo la mirada licenciosa y cómplice del presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla. El grupo retenido vivió horas de incertidumbre y miedo ante el clima de linchamiento que se vivió en el poblado. En este caso gracias a la cobertura de diversos medios de comunicación, así como a la presión de diferentes grupos sociales organizados en la capital del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino oportunamente para ofrecer garantías para el desalojo del contingente, además de extender medidas cautelares a los funcionarios públicos y comenzar con las averiguaciones correspondientes.
Otro ejemplo de estas preocupantes tensiones se encuentra en Tetela de Ocampo en donde se ha organizado un grupo opositor a la explotación minera del cerro de Espejeras por parte de grupo Frisco, empresa perteneciente a Carlos Slim. En este caso se han comenzado trabajos de exploración sin autorización de SEMARNAT, con miras a iniciar la construcción de una mina a cielo abierto. Un tipo de explotación que resulta altamente destructiva para el medio ambiente y su entorno. En este caso la población local ha emprendido una campaña por frenar la construcción y han solicitado a Rafael Moreno Valle el declarar la zona como Reserva Natural. En ambos casos los proyectos están destinados a la explotación minera y de acuerdo a las voces de expertos técnicos y académicos, implican una serie de riesgos para la población, los ecosistemas circundantes, además de la generación de potenciales riesgos de desastres ambientales.
Los conflictos aquí señalados son una muestra de la situación que compromete la seguridad de muchos poblanos al verse invadidos por los proyectos de explotación o bien al ser despojados de sus tierras ante el avance de estos proyectos. De acuerdo a los principios de los Derechos Humanos y Sociales que inspiran a esta comisión, solicitamos que el Gobierno del Estado intervenga a fin de preservar la justicia, el orden y la protección a los más débiles en estos conflictos. El Gobierno no puede ser omiso ante tal situación ya que bien sea por desposesión de tierras, por contaminación del medio ambiente y en general por la alteración de las condiciones de vida en las diversas comunidades, lo que se encuentran en riesgo es la seguridad y el derecho a una vida digna de los diversos pobladores involucrados. Cabe recordar que en la mayoría de las localidades en cuestión la actividad agropecuaria es una de las principales actividades laborales y económicas, actividad que se ve directamente comprometida ante la expropiación de tierras o la potencial contaminación del medio ambiente en todos estos proyectos.
Dado lo anterior exigimos al Gobierno del Estado, a todas las autoridades municipales involucradas, así como también al Gobierno Federal a través de sus diferentes secretarías, a que se detengan estos proyectos depredadores de las condiciones de vida y del medio ambiente en el Estado. Máxime cuando la mayoría de estos proyectos no cuentan con el respaldo mínimo de estudios técnicos, licencias y garantías de seguridad para el medio ambiente y los pobladores cercanos. Exigimos también un trato digno y responsable por parte de las autoridades estatales, ya que asuntos tan serios como estos no pueden ser tratados a la ligera como recientemente lo ha hecho el Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Juan Pablo Rodríguez Regordosa, al expresarse de los activistas, académicos y expertos técnicos que han manifestado opiniones críticas de los proyectos como meros “agitadores”. El desarrollo como política pública, es un tema que excede por mucho los criterios de ganancia económica o lucro económico empresarial. El desarrollo es un tema que involucra las condiciones de vida y la sustentabilidad económica de todo el conjunto de los habitantes de una población, en este caso de un Estado. Fenómenos como los que observamos son una consecuencia de asumir la administración pública como un mero asunto de administración empresarial y no como un tema de política y responsabilidad pública. Invitamos al Sr. Regordosa a que tome con seriedad el asunto, y a que se separe de este tipo de actitudes autoritarias, ignorantes y retrogradas, poco dignas de un funcionario público.
Finalmente, hacemos explícita nuestra solidaridad, reconocimiento y cooperación con las asociaciones, grupos organizados y en general la sociedad civil que se han abocado a ser actores activos en estos asuntos y temas tan importantes para el Estado.
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