Responsabilizan al gobernador Rafael Moreno Valle y al presidente municipal Eduardo Rivera de lo que les pueda pasar a ellos y a sus familias.

Por exigir justicia, Policías despedidos por el gobierno estatal reciben amenazas.

• 
  
  Realizaron una manifestación para denunciar los actos de intimidación que reciben y para exigir indemnizaciones de acuerdo a la ley o que les devuelvan su trabajo

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

“Toman fotografías de nuestras casas, además recibimos llamadas telefónicas  en donde nos amenazan  que nos va a ir mal  por estar en un movimiento en el que solo pedimos que nos indemnicen por despido injustificado o en su defecto  que nos restituyan nuestro empleo y volvamos a trabajar”; expresaron trabajadores de la Secretaria de Seguridad Publica Estatal y Seguridad Publica y  Tránsito Municipal, despedidos en abril pasado, según las autoridades  por no haber aprobado  la prueba de confianza.

Liquidación conforme a la ley o reinstalación

Después de haber realizado  una marcha que concluyó en el zócalo de la ciudad; en conferencia de prensa, acompañados por miembros del  Frente Amplio Social,  exigieron a las autoridades de esta institución que los indemnicen conforme a la ley o les permitan el reingreso a sus centros de trabajo para seguir laborando.

Acusaron que  fueron presionados para firmar su renuncia “voluntaria” por no haber acreditado su examen de control de confianza, pero al no aceptarlo fueron amenazados, y quedarían registrados en plataforma México por lo que jamás encontrarían trabajo.

Alto a las amenazas

Al acudir al recurso de amparo para defenderse de la injustica y las violaciones a sus garantías individuales, cometidas en su contra, por lo que les contestaron que no es cierto  el acto reclamado,  “es decir, desconocen habernos dado de baja   por el examen de control de confianza, esto con la finalidad de sobreseer el amparo y ahorrase las indemnizaciones; por lo que  mintieron ante el Juez de distrito quien es una autoridad federal”, comentaron.

 Consideraron  que lo anterior  es un delito que lleva a la destitución, cárcel o multa e inhabilitación para ser funcionarios públicos, a  los titulares de las dependencias  que los despidieron, como marca   el artículo 262 de la Ley de Amparo.

Explicaron que al negar la causa del despido injustificado “éstas autoridades se contradicen o demuestran su falsedad con la que se conducen, con lo declarado de manera oficial y pública en los distintos medios de prensa como televisión, radio y periódicos”.

Justicia exigen los agraviados por el gobierno del estado.

Varios de los elementos, que ahora han sido amenazados por  exigir sus derechos, comentaron que  han   entregado más de diez años al servicio de cuidar a la ciudadanía, “arriesgamos nuestra vida y ahora somos despedidos de forma injustificada ya nadie nos da la cara y sólo nos están perjudicando en nuestra persona y familia; somos padres y sostén de nuestras familias,  muchos de nosotros contamos con nivel de licenciatura y preparación, además de experiencia, mantuvimos a Puebla fuera de las garras de la delincuencia por mucho tiempo, no como ahora que hay inseguridad en las calles y así nos pagan con una patada en la espalda".

Mencionaron que su lucha continuará  hasta que les hagan justicia, por lo que hacen responsables a Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal y a Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado; de todo aquello que les ocurra a ellos y a sus familias  en su integridad física y en sus bienes.