Gobierno federal ha concesionado más de 40 millones de hectáreas que son más del 50 % del territorio Nacional denuncia Investigador de la UAM-Unidad Xochimilco…

Millones de afectados por megaproyectos de empresas extranjeras tienen que organizarse en defensa de su vida: Luciano Concheiro

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

Una ardua lucha en defensa de su  vida y de su territorio, pero debidamente organizado y unido será el que de manera urgente tienen que hacer  millones  de afectados por los mega proyectos de empresas extranjeras; (mineros; carreteros, de presas hidroeléctrica, gasoductos y otros) pues el gobierno federal sin consultarles ha concesionado a estas  más de 40 millones de hectáreas  que son  más del 50 % del territorio Nacional; expresó Luciano Concheiro, Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.

Al participar en la jornada  “Utopías Campesinas, Construcción de Espacios y Alternativas socio ambientales”; realizada ayer en la Universidad Iberoamericana, plantel Puebla; aseguró que a pesar de las diferentes luchas por la defensa de su territorio que se han realizado  en muchas partes del país, estas han sido aisladas; por lo que es necesario pensar en cómo los afectados se podrían organizar nacionalmente para lograr resultados positivos en la defensa de sus tierras.

Explicó que por lo general los gobiernos Federal y estatales nunca consultan a los dueños y poseedores de la tierra acerca de sus acuerdos con  las empresas; por lo que estas con engaños de  que  existirá progreso en estas zonas y argucias "legaloides"; intentan  comprar o adueñarse de las  tierras, pero al ser rechazadas, amenazan con reprimir o contratan guardias blancas para que por medio de la violencia y la intimidación sean establecidas; esto con el apoyo de autoridades de todos los niveles.

En lo que llamó “Política Estatal de Privatización”, dijo que el gobierno federal aplica instrumentos de expropiación en beneficio del capital privado, tanto nacional como extranjero y para ello otorga concesiones de hasta por 50 años a las empresas que le garantizan la inversión de su capital.

Comentó que en el caso de las empresas mineras ya establecidas en México las cuales después de la aprobación de la reforma fiscal, deberán pagar el 7% de sus ganancias como impuestos; el monto será mínimo en comparación con lo que se llevan a sus países de origen.

“Pero el peligro es que estas empresas están realizando en todo el país un proceso de degradación  y destrucción ambiental  que tiene que ser detenido”; dijo.

Recomendó a las diversas organizaciones sociales que defienden su territorio a mantenerse  unidas, pues si se encuentran divididos  no podrán luchar contra los latifundios  mineros  y contra la instalación de los Mega proyectos hidroeléctricos y otros; pues en este mundo globalizado y neoliberal existe un proceso de conversión en las formas de explotación de la tierra y el subsuelo.

Pues aunque ahora estas son de los mexicanos, con las recientes reformas constitucionales y con otras que vendrán; se cambiaran los conceptos de soberanía y  territorialidad.