POLÍTICA

viernes, 27 de diciembre de 2013

Exigen que en caso de accidente grave, la unidad sea liberada aunque el chofer quede preso...

Transportistas quieren aumento al precio del pasaje, elevadas multas de tránsito, privatización de servicios y  cero descuento a discapacitados, estudiantes y  tercera edad.

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.
Organización empresarial pide que en Puebla y sus municipios haya aumento al pasaje del servicio público, que sean elevadas las cuotas de las multas por violación al reglamento vial, que se privaticen algunos servicios  y que no haya ningún tipo de descuento a los usuarios del transporte público.
Como un adelanto de lo que vendrá para este 2014  por parte de las autoridades, apoyadas por los diferentes grupos empresariales; Arturo Balderas Moyano; Presidente de la organización empresarial   “Corresponsabilidad Transporte S. C.”; propuso  lo anterior.  
Arturo Balderas Moyano director de
 Corresponsabilidad del  Transportes S.C.
Argumentando que  ya es necesario el aumento en la tarifa del servicio de transporte público de pasajeros; pero que  se deben eliminar los descuentos a grupos vulnerables  como de la tercera edad y minusválidos y  tampoco se debe contemplar dicho descuento  para estudiantes.
Olvidándose de la mayoría de la ciudadanía  sería la principal perjudicada con sus propuestas, agregó que  debido a que muchas unidades del parque vehicular  son  compradas a crédito,  el hacer este tipo de descuentos, perjudicaría a los concesionarios, quienes además tienen que pagar mantenimiento de las mismas.      
En conferencia de prensa el empresario dio a conocer a los diferentes medios de comunicación  sus propuestas en materia  de Seguridad vial, mismas que  hará llegar a los presidentes Municipales de Puebla y municipios conurbados y a  diputados pertenecientes a  la 59 Legislatura del Congreso del Estado, una vez que entren oficialmente en funciones.
Sin embargo, quedo muy claro que la mayoría de sus propuestas son en perjuicio de usuarios del servicio público y conductores, tanto de vehículos particulares como del servicio público.  
Arturo Balderas, explicó que recomendarán a los mencionados Ayuntamientos no aplicar  programas similares al  de “Multa Cero”, como lo hizo  Luis Paredes Moctezuma, ex presidente municipal de Puebla, durante su gestión administrativa;  pues dijo que   este programa  no acaba con la corrupción, pero incrementa la inseguridad vial, pues se genera impunidad ya que se le quita al Estado un instrumento para obligar a los ciudadanos a respetar la ley.
Comentó que este programa es nocivo porque  limita la captación de recursos que podrían utilizarse para  fomentar la seguridad vial y en otros rubros; pues la multa debe ser orientada a castigar a quien no obedece la ley.
Respecto al monto de las multas  por violar la ley vial, indicó que  debe de revisarse e incrementarse  el monto de estas; por lo que propuso que el piso mínimo de ellas sea de 10 días de salario mínimo, es decir que la multa menor sea de 600 pesos.
Además que el circular sin placas o no contar con la documentación para poder circular  con un vehículo,  sea del servicio público o particular debe incrementarse la multa de 50 a 100 días de salario mínimo.
En relación al servicio de arrastre de vehículos por grúa, propuso que  deben circular en los municipios, solamente las que cuenten con permiso otorgado por la Secretaria del Transporte y que las tarifas se ajusten a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, que es de 400 a 700 pesos por arrastre, dependiendo del vehículo.
Pedirá que los precios estén a la vista del público y que por obligatoriedad  quienes otorguen el servicio deban de tener una memoria descriptiva por  el servicio que presten  en donde se describa en que consistió dicho servicio.
Que también se contemple un medio de impugnación para que el usuario del servicio de grúas pueda inconformarse y se deposite una fianza, esto con la finalidad de que  le sea devuelto su vehículo, en tanto se resuelva dicho problema.
Lo anterior como una  manera sutil para que sea eliminado el artículo 86 de la Ley del Transporte, pues propone que el vehículo que participa en algún accidente sea liberado para evitar pérdidas al concesionario, pero no dijo nada de que en caso de homicidio por atropellamiento que pasaría con el conductor y de qué manera se beneficiarían a los familiares de la víctima; pues esto no lo cubre un simple seguro de daños a terceros.     
Dentro  de las propuestas que como organización  hará llegar a los  Diputados locales expresó que se debe establecer como obligatorio para toda persona que cuente con un vehículo, cuente con seguro por lo menos de daños a terceros.
Que sea obligatoria la capacitación para toda persona que  pretenda adquirir una licencia para conducir; estos cursos lo podría dar  la Secretaría de Transporte de manera similar  a los que les  da a los conductores del servicio Público.
Explicó  que debido a que dicha secretaría no podría  capacitar a millones de  solicitantes de dicha licencia, propondrá licitar a empresas privadas dicha capacitación y esta al término del curso,  entregaría  un documento en donde se garantizaría  que obtuvo la  capacitación para con ello, le puedan otorgar la licencia de manejo al solicitante; eso significa la privatización de un servicio que debe ser público.


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