Que se investigue hasta sus últimas consecuencias relación del gobernador Moreno Valle con Amado Yáñez dueño de Oceanografía, exige diputada federal.
La reciente reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Puebla faculta a las autoridades despojar a los ciudadanos de sus propiedades acusa la legisladora Luna Porquillo
Un crimen del gobierno dejar sin trabajo a cientos de poblanos con la desaparición del HNP. Granizo
ÁNGEL Ibáñez Fonseca.
El gobierno del estado es el responsable de los hechos de violencia ocurridos en los municipios de Coronango y San Miguel Xoxtla a consecuencia de los operativos contra los mototaxis, que han servido como una alternativa a bajo costo para los usuarios del transporte público y que además han representado una alternativa de trabajo ante el profundo desempleo que sufren los poblanos, acusó Roxana Luna Porquillo diputada federal del PRD.
La Legisladora con licencia agregó que a través de la Secretaria de Transporte y la Policía Estatal Preventiva, se persigue a los Moto taxistas y sepretende encerrar sus unidades lo que ocasiona que ante esta injusticia, la población no permita su decomiso, por lo que señaló como único culpable al Gobierno Estatal si ocurre la muerte de alguna persona en dichos operativos.
Explicó que el actual gobernador desde el inició de su administración prometió generar un crecimiento en la tasa de empleos sin embargo en el tema de los Moto taxis, se han solicitado la creación mesas de trabajo y la reforma a la Ley del Transporte para que sea contemplado su servicio como público, pero sin hacer caso al diálogo y a la concertación, se pretende acabar con ellos.
Consideró que las diferentes acciones en contra de este servició son la prueba de cómo se pretende controlar a los municipios, por lo que “existe riesgo de enfrentamiento en poblaciones, “hacemos responsable al gobierno por no atender este problema”; reiteró.
Respectó a las estadísticas acerca del desempleo, destacó que Puebla se incluye entre las 14 entidades con menos creación de empleo, la población económicamente activa es de 2 millones 710 mil, la población inactiva es de un millón 777 mil 293.
Comentó que es grave que no sólo se violente a los ciudadanos, sino que se les despoje de su derecho al trabajo, “los crímenes que se cometen son un reflejo de la falta de políticas para generar empleo, cuando la familia no tiene trabajo crece la violencia, se rompe el tejido social, eso pasa en Puebla, esto debiera preocuparle al gobernante, una población con miedo, que no tenga acceso al empleo, genera esta situación de violencia”, advirtió.
Respecto a la reciente reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Puebla; la cual faculta a las autoridades a tomar posesión inmediata sobre inmuebles y predios privados alegando casos de urgencia y el interés superior de utilidad pública, manifestó su desacuerdo pues “no es otra cosa que permitir que sin justificación mayor y sin ninguna garantía le arrebaten a los poblanos sus inmuebles, por lo que ahora será legal" despojar familias completas de sus hogares, negocios, terrenos y demás inmuebles si es que representan un obstáculo para sacar adelante proyectos de infraestructura pública del gobierno o proyectos que interesen al gobierno”; dijo.
Señaló que no se debe permitir que una vez más se atropellen los intereses de la gente, que se dé prioridad a contratos ya pactados desde oficinas del gobierno poblano en los que existen intereses privados y se negocien ganancias millonarias a costa de la propiedad de las familias.
En relación al decreto que suprime al "Hospital del Niño Poblano", integrándolo a los servicios de salud del Estado, explicó que el gobierno del estado dejó sin empleo a cientos de personas, las abandonó a su suerte, sin las consideraciones de reubicación que debieran tomar pues son 800 trabajadores, de los cuales 637 están sindicalizados y que hoy se quedan sin trabajo.
Exigió además que se investigue hasta sus últimas consecuencias, la relación que mantiene el gobernador Rafael Moreno Valle con Amado Yáñez, dueño de Oceanografía y que actualmente se encuentra arraigado;
“Ya que se sabe que el gobernador rápidamente retiró contratos de concesión que había pactado con empresas filiales de Oceanografía, pero todavía existe el contrato de concesión celebrada por Manuel Urquiza, quien es director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, y el representante legal del despacho White & Case, Vicente Corta Fernández, señalado como asesor financiero de Amado Yáñez”, indicó.
Por último Roxana Luna Porquillo anunció que es muy probable que a partir del próximo martes primero de abril se reintegre a su trabajo legislativo en la Cámara de Diputados.
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