Exigen que no restrinjan derechos, ni censuren acciones de exigibilidad como la protesta social en espacios que pertenecen a la ciudadanía.RAFABALA

UNIVERSIDAD  IBEROAMERICANA REPRUEBA  LA LLAMADA “LEY BALA”

RAFABALA

Grandes posibilidades de criminalizar cualquier protesta. 

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

Existen grandes  posibilidades de que ocurra  una criminalización directa e indirecta,  hacia toda aquella persona que represente un riesgo a discrecionalidad, (criterio, opinión) de la  autoridad, lo que puede derivar en detenciones arbitrarias”, afirmaron miembros del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana.

Al dar a conocer su pronunciamiento respecto a la llamada “ley Bala”; la cual fue aprobada de manera pronta y expedita, después de ser enviada por el Ejecutivo Estatal, Rafael Moreno Valle al Congreso del Estado; señalaron en primera instancia que nunca fueron convocadas las organizaciones de la sociedad civil ni la academia y mucho menos fue realizado un foro de consulta para discutir la aprobación de dicha ley.

Opinaron que detrás del argumento establecido ante la aprobación de la “Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso Legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado, acerca de la necesaria intervención de la fuerza pública en pro de la salvaguarda de la integridad, los derechos y bienes de las personas”, en realidad legitima y legaliza el uso de la violencia, para lograr un equilibrio aparente entre las funciones de seguridad pública y la protección de los derechos humanos.

Recordaron que en otros estados donde se han aprobado leyes similares, han terminado por restringir el espacio público y generar una represión desproporcionada a quienes se expresan y mani­fiestan.

Los integrantes del referido Instituto de Derechos Humanos, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que revisen que sus acciones y procedimientos estén apegados a los estándares internacionales y que no restrinjan derechos, ni censuren acciones de exigibilidad como la protesta social en espacios que pertenecen a la ciudadanía.