Acusan que el presidente de la CNDH actuó con parcialidad por su amistad con el Gobernador del Estado…

Colectivo Puebla de Luto, pedirá a CNDH explique por qué deslindó a Rafael Moreno Valle de los hechos sangrientos de Chalchihuapan.

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

Integrantes del El Colectivo Puebla de Luto anunciaron  solicitarán al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos un informe sobre la ejecución o inejecución por parte del Gobierno del Estado de Puebla a la Recomendación que emitió la CNDH dentro del expediente CNDH/1/2014/4555/Q/VG, así como los acuerdos que han expedido los Consejeros en torno al caso para garantizar los derechos humanos de las personas afectadas y el resarcimiento de los daños, mismos que deberán ser publicados.

En rueda de prensa, anunciaron que el procedimiento seguido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está plagado de irregularidades, entre las que destacan:

 1.- El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó con parcialidad, pues mantiene amistad con el Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle, lo que tuvo como consecuencia que  en los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan nunca lo consideró  como autoridad responsable, lo que debió hacer.

 2.- El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, no valoró debidamente las pruebas aportadas, pues jamás ordena la presentación del Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, ni una investigación de alguno de los hechos atribuidos a éste a pesar de que fue él quien presentó entre otras leyes, la iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública.

 3.- El Presidente de la CNDH se aprovecha de una laguna de la ley, para no someter el proyecto de recomendación a la consideración del Consejo Consultivo a fin de que sus integrantes realizaran las observaciones que permitieran subsanar todas las irregularidades detectadas.

4.- El Presidente de la CNDH hizo un estudio de algunas violaciones graves, pero omitió el estudio de varios derechos humanos que también fueron violados en perjuicio de los manifestantes de Chalchihuapan, entre ellos:

 a).- Derecho al territorio tradicional e identidad cultural indígena.

b).- Derecho a la igualdad ante la ley, el respeto al principio de no discriminación y de establecer medidas especiales de garantía y de respetar sus tradiciones. 

c).- Deber de adecuación del derecho nacional a la Convención Americana de los Derechos Humanos; de suprimir prácticas y normas contrarias a derecho humanos y de expedir normas conducentes para su efectiva observancia, entre otras, debió ordenarse la derogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, cuya ejecución ya cobró la vida de una persona y ha permitido la lesión de los derechos humanos de muchas personas más, sin embargo ocurrió lo contrario. 

d).- El Presidente de la CNDH, nunca consideró que en el proceso cuestionado se cometieron  serias violaciones a los derechos humanos de las personas críticas a la ejecución de las acción de represión del Gobierno del Estado de Puebla con motivo de los hechos suscitados en Chalchihuapan, mismas que se han convertido en defensoras de los derechos humanos de los manifestantes afectados, sufriendo intimidación, amenazas, espionaje y hasta robo de algunas de sus propiedades de bienes muebles y que han sido denunciadas públicamente.

Elia Tamayo, la madre del menor que falleció por estos hechos, quien constantemente ha hecho referencia a la intimidación e intento de soborno de que fue objeto para firmar una declaración que exoneraba a las autoridades responsables Peor aún, tanto las autoridades locales como el propio Gobernador del Estado han pretendido hacer aparecer a ella como responsable de la muerte de José Luis Tehuatlie, por el hecho de haber estado presentes en el lugar donde se realizó la manifestación.

Otras personas que denunciaron actos de intimidación fueron las siguientes: Diputada Federal Roxana Luna, cuya persecución política y mediática y espionaje por parte del Gobierno estatal, ha sido denunciada pues se convirtió en una fuerte crítica de las represiones cometidas por éste y en una defensora de los derechos humanos de los manifestantes del Chalchihuapan, Puebla.

Integrantes del Colectivo Puebla de Luto, Ana Teresa Aranda Orozco y Marco Antonio Mazatle, quienes han denunciado robo de pertenencias, la primera de las mencionadas, en su casa habitación y el último en las oficinas del sindicato del que es Secretario General, así como en el vehículo de su propiedad.

Luis Enrique Sánchez Fernández, Director del portal informativo Poblanerías, denunció robo en sus instalaciones; además el Diario Cambio, ha denunciado ataques cibernéticos, a partir de su posición crítica por los hechos sucedidos en Chalchihuapan, así como su caricaturista Elmer Sosa, que denunció un robo en casa habitación por las mismas razones.

El Diputado Federal, José Enrique Doger Guerrero, denunció un robo en una de sus casas de gestión días después de haber recibido amenazas por parte de terceros, atribuidas al titular del Poder Ejecutivo Estatal, precisamente por sus críticas a los hechos de represión generados a partir de la aprobación de la llamada Ley Bala. 

5.- El Presidente de la CNDH, no consideró el emitir la recomendación que se analiza que Respecto a las víctimas, ofendidos, familiares de las y los manifestantes afectados/as en sus derechos y defensores/as de derechos humanos afectados en el asunto de que se trata, el Gobierno del Estado violó en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en la legislación nacional relativa a la protección a la honra, a la dignidad y a la vida privada, tampoco la convencionalidad e inviolabilidad de las comunicaciones frente a cualquier injerencia abusiva y arbitraria por parte del Estado o de particulares.

 Y en el asunto de que se trata, no solamente existió violación a todos los derechos humanos referidos en este apartado, sino que además el Gobierno del Estado ordenó la difusión de videos y noticias donde indebidamente se señalaba como responsable de los hechos imputados al menor de edad fallecido por encontrarse en el lugar de los hechos, a su madre Elia Tamayo por llevarlo ahí, a los manifestantes, inventando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, entre otras cosas, que la muerte fue ocasionada por un cohetón según ellos que fue aventado por los manifestantes, por tanto, esta información errónea del gobierno del Estado se dio a conocer por medios masivos, sin que la CNDH advierta que se analizará tal circunstancia.

 5.- Derecho de rectificación o respuesta, reconocido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos; pues en el caso que se trata, la recomendación  de la CNDH, no contiene disposición alguna en el sentido de que los medios de comunicación que dieron a conocer la versión falsa del Gobierno del Estado de Puebla en el sentido de que el menor de edad  murió por un cohetón de los manifestantes, violándose en contra de todos los manifestantes este derecho de rectificación o respuesta menos aún el resarcimiento del daño en la imagen personal que sufrieron las y los defensores/as de los derechos humanos que se han señalado ni los críticos en el asunto de que se trata.

Por último, al analizar la privación a la vida de que fue objeto el menor José Luis, el Presidente de la CNDH, no consideró que no sólo jamás se justifica la muerte de una persona, sino que tratándose de un niño este debe ser objeto de protección especial por el Derechos Superior del Niño establecido en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos.