Panorama

¡Presos políticos, libertad!

A la opinión pública:

El acceso a la justicia en México pareciera un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición, que salvo en algunas excepciones, gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios, ha podido alcanzar a algunas personas.

El caso de Adán y Paul Xicale, al igual que el de todos los presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas situaciones en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían garantizarlo y defenderlo.

El 7 de octubre de 2014 mientras Adán y Paul se encontraban en el ayuntamiento de San Andrés Cholula en una manifestación pacífica contra el proyecto estatal del Parque de las 7 Culturas, fueron desalojados con violencia junto con las personas que se encontraban también manifestándose; fueron detenidos sin orden de aprehensión por funcionarios del ayuntamiento sanandreseño, quienes los denunciaron por motín y despojo.

Hasta el momento, los Xicale han pasado más de nueve meses encerrados, incluso después de que un juez federal determinara que el delito por despojo, por el cual no se les permite salir de la cárcel, no existe. Aunada a esta injusticia, el pasado 23 de julio, el juez Penal instruyó alegatos en acatamiento de la resolución del juez de Distrito para que los funcionarios de San Andrés Cholula que acusaron a Adán y Paul Xicale de motín, se presentaran a un careo para determinar la culpabilidad de los activistas. Los funcionarios no asistieron ni a esa cita ni a las siguientes que fueron reprogramadas estos últimos días, mostrando desinterés y, sobretodo, la inocencia de los Xicale.

En el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, hoy era un día importante no sólo por las omisiones de los funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque vencía el plazo para que el del juzgado de Cholula diera cumplimiento a una orden emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que pedía liberarlos a más tardar hoy a las 9:30 am. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla les notificó sobre una nueva orden de aprehensión negándoles una vez más, su derecho a la libertad.

¿Cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren.

La justicia es una utopía en Puebla, especialmente para las personas defensoras de derechos humanos.

En la entidad existe una lista con más de 300 presos políticos de la que han sido hostigados, amenazados, perseguidos y privados de su libertad por oponerse a proyectos del gobierno morenovallista.

En este sentido cabe recordar que muchos de los presos políticos, inclusive después de haber ganado amparos como lo hicieron varios ex ediles de juntas auxiliares, mototaxistas y activistas, no han visto respetados sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, ni a la justicia.

 ¿Cómo puede la ciudadanía poblana sentirse segura y bien representada cuando las personas encargadas de garantizar la justicia son las primeras en limitarla?

Por lo anteriormente expuesto hago un llamado para detener la represión y criminalización en el estado de Puebla. Basta ya de lastimar a las familias de los presos políticos con procesos dilatorios y difamatorios; basta ya de injusticias. Exhorto a las autoridades del estado de Puebla a cumplir cabalmente con sus funciones y a recordar que son trabajadores del pueblo, y no de sus propios intereses.

¡Presos políticos, libertad!

Movimiento Nacional Los de Abajo