El Gobierno de Rafael Moreno Valle, es responsable de los feminicidios, por encubrirlos en beneficio de su imagen personal: MAS
· Hasta septiembre se han registrado 60 feminicidios en Puebla.
· Exigen a Víctor Carrancá deje de “fabricar” delitos y se ponga en el lugar de los padres de familia que han perdido a sus hijas.
Puebla es uno de los 10 estados de México en los cuales no es posible acreditar un feminicidio debido a que su marco jurídico en la materia es incompleto. No contempla las diferentes causales que conllevan este delito, además no existen protocolos claros para la atención o la investigación de los mismos.
Lo anterior fue dado a conocer por el Movimiento de Alternativa Social, MAS, durante conferencia de prensa, aclarando además que hasta septiembre de este año, se han registrado 60 feminicidios en Puebla, lo que supera los casos alcanzados durante 2014.
Señalan que las cifras revelan que uno de cada tres casos ocurridos en lo que va del 2015, sucedieron en la ciudad de Puebla.
La lista es encabezada por la capital poblana, seguida de Atlisco, Tecali de Herrera, Tecamachalco y Tehuacán, documentó el Observatorio de Violencia Social y de Género de la universidad Iberoamericana-Puebla.
El número de casos contrasta con los 18 que únicamente tiene registrado el programa de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJ, a cargo de Víctor Carrancá Bourguet.
Por esta razón, el MAS, exige a las autoridades que dejen de ocultar los asesinatos a mujeres en Puebla, que se han ejecutado con dolo y signos de tortura que no han sido tipificados como feminicidios.
El pasado 6 de octubre, luego de tres días de desaparecida, se activó nuevamente la Alerta de desaparición en Puebla para ubicar a Diana Laura Sánchez de Jorge, de 19 años de edad, con cinco meses de embarazo, desaparecida desde el 25 de agosto, y que a casi dos meses sus restos no se han encontrado.
Además del caso de Alejandra Mena Martín del Campo, quien fue asesinada de 45 puñaladas, y acusan de autor intelectual z la señora Mar+ía Delia Rodríguez Benítez, con el proceso de origen 370/2013, quien desde hace dos año se encuentra recluída en el penal de San Pedro Cholula, sin pruebas en su contra.
Se comprobó que la acusación se obtuvo después de que los agentes ministeriales torturaron al supuesto asesino confeso Arturo González Tabaco, quien era chofer de María Delia, con descargas eléctricas en los genitales y la fractura de una vertebra.
Mientras en el caso de Paulina ocurre lo mismo; sin pruebas fehacientes mantienen a la supuesta pareja sentimental como el responsable de los hechos.
Ante eso, puntualiza, Marcos Mazatle, dirigente del MAS, exigimos a Víctor Carrancá que deje de “fabricar” delitos y se ponga en el lugar de los padres de familia que han perdido a sus hijas.
“No vamos a permitir que el procurador continúe diciendo que el tema es un asunto mediático, cuando la semana pasada en menos de 24 horas ocurrieron tres asesinatos de mujeres en Puebla con violencia y en estos últimos días fue asesinada una madre con su hija de 4 años”.
“Esta situación está rebasando al Gobierno del Estado, por lo que también demandamos a las autoridades que soliciten la activación del Protocolo Alba para el Estado”.
Así mismo, dijo Mazatle, denunciamos que el Gobierno de Rafael Moreno Valle, es responsable de los feminicidios, por encubrirlos en beneficio de su imagen personal.
“Además, el gobernador solapa que se fabriquen delitos, utilizando al esposo o a la pareja sentimental de la víctima como asesinos confesos, bajo tortura”.
“Señalamos que estas prácticas son fomentadas por Fernando Rosales Solís, director general de Atención a Delitos de Alto Impacto, puesto que la encargada del despacho de la Visitaduría General de la PGJ, Celia del Carmen Solís y Macías, quien supervisa estas conductas es madre del funcionario.”
Por todo lo anterior, el MAS exige que en el Estado de Puebla se declare una alerta jurídica y social sobre los feminicidios, en donde el Gobierno del Estado cumpla su responsabilidad que le hemos dado los poblanos.
Exigen al Congreso del Estado nombre una Comisión con las organizaciones sociales que ha tocado el tema, para darle seguimiento a los casos que públicamente se han conocido, como aquellos que la PGJ ha tenido en el anonimato, así como también se legisle sobre el tema de manera inmediata.
Finalmente, el MAS hace responsable al gobierno de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, de cualquier agresión hacia nuestra persona y familias, ante el incremento de amenazas de emisarios y llamadas telefónicas anónimas por las críticas hacia sus gobiernos.
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