POLÍTICA

miércoles, 21 de octubre de 2015

Por el caso  Ajalpan se debe castigar a los que participaron en el linchamiento y a las autoridades del gobierno de Puebla por negligencia.

 Alberto Mendoza R.
El linchamiento de dos jóvenes hermanos, Rey David y José Abrahán Copado Molina,  estudiantes y trabajadores de una empresa de Marketing, no debe quedar impune, y no me refiero únicamente a quienes de manera salvaje les quitaron la vida, si no de las autoridades encargadas de la seguridad pública del gobierno de Rafael Moreno Valle que han sido incapaces  de brindar tranquilidad a los poblanos, lo que ha provocado que la gente  de manera irracional,  decida hacerse “justicia” por su propia mano, cometiendo atrocidades como la de Ajalpan
Lamentablemente, desde que entró en funciones el gobierno morenovallista, la delincuencia se incrementó de manera preocupante y escandalosa, lo que ha propiciado que los ciudadanos busquen la manera de defenderse de la delincuencia, provocando actos irracionales y de salvajismo.
Muy grave es el hecho de que quienes cobran para brindar seguridad a los poblanos, la mayoría llegados de otros estados, no hacen absolutamente nada, salvo hacer declaraciones irresponsables desdeñando el incremento de la delincuencia. Hoy, nadie esta a salvo en ningún lugar del estado, vaya, ni en la propia casa.
Pero todavía más grave aún es el hecho de que, como declaró el propio presidente municipal de Ajalpan, Gustavo Salomón Lara, el gobierno del estado se negó a auxiliar a los jóvenes linchados, intervino pero muchas horas más tarde, cuando la turba había asesinado a los hermanos, que buscando ganarse la vida, encontraron la muerte.
Según relata el presidente municipal, desde las 6 de la tarde se comunicó personalmente con el Secretario General de Gobierno Jorge Cruz Bermúdez, para solicitarle el apoyo de las fuerzas de seguridad estatales y que pese a la gravedad del caso la policía llegó hasta las 12 de la noche, cuando ya los hermanos habían sido asesinados por la turba y quemado el edificio de la presidencia.
Ante tamaña irresponsabilidad e incompetencia, lo menos que se espera es que sean despedidos y asuman las consecuencias legales, desde el Secretario General de Gobierno, al procurador y mandos policiacos.
Hay municipios, como el de Cuautlancingo, donde a pesar de haber construido un edificio lujoso para la Secretaría de Seguridad Pública, no han hecho absolutamente nada en materia de seguridad, lo que ha provocado que la gente coloque mantas con la leyenda de “delincuente, si te agarramos te vamos a linchar”. Son focos rojos que se deben de atender.
Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos deplora los acontecimientos ocurridos en Ajalpan  y demanda justicia para las víctimas y sus familias “mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables para que sean castigados de acuerdo con la ley, para que no haya impunidad y además exista la reparación del daño”.


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