El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C., CCTI y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., CMDPDH, denuncian que el 13 de agosto de 2002 fueron detenidos por agentes de la policía judicial de Tlaxacala Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, José María Cirilo Ramos Tenorio y Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, acusados injustamente de delitos que nunca cometieron.
Las organizaciones citadas revelan que a los cinco inculpados por medio de la tortura los obligaron a declararse culpables de un secuestro en el que quedó acreditado nunca participaron.
Con testimonios fabricados por agentes de la PGJE, sin la correcta valoración de las pruebas que ofrecieron los procesados, sin tomar en cuenta sus declaraciones preparatorias en las cuales manifiestan haber sido sometidos a tortura y con versiones contradictorias sobre los hechos por parte de los agentes aprehensores, las cinco personas fueron sentenciadas el 25 de marzo de 2008 a 68 años de prisión y 16 mil 437 días de multa a cada uno, equivalente a un monto de 663 mil 232 pesos.
El 27 de septiembre de 2004 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) la que emitió la recomendación 18/2006 en la que con base en los certificados médicos realizados por peritos médicos de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) reconoció la presencia de lesiones físicas en algunas de las víctimas; sin embargo no realizó estudios médicos psicológicos para comprobar posibles hechos de tortura. En su recomendación la CEDHT, exhortó a la PGJE a que se subsanen las irregularidades en la averiguación previa, practicándose las diligencias que se estimen pertinentes y se determine conforme a derecho corresponda; asimismo, recomienda se tomen en cuenta los criterios de la CEDHT al momento de determinar la averiguación previa, cosa que no ha ocurrido, ya que la averiguación previa sigue abierta y sin que haya habido hasta ahora avances sustanciales.
Los agentes de la Policía Ministerial Damián Ortega Rubio, José de Jesús Lima Zárate y Faustino Méndez Alcotzi fueron denunciados por abuso de autoridad quedando asentada en la averiguación previa 218/2004/TLAX-2. Sin embargo, hasta el momento y a pesar de las solicitudes de los familiares de los detenidos y las organizaciones Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) coadyuvantes en el proceso de denuncia desde 2009, no se ha aplicado el Protocolo de Estambul para la determinación de las torturas y no se han realizado las diligencias necesarias con el fin de consignar a los responsables.
El martes 16 de noviembre de 2010, el representante legal de las cinco personas en colaboración con la CMDPDH y el CCTI, presentó un amparo directo alegando todas las violaciones al debido proceso que existieron desde la detención de las personas que nos referimos, el cual el día 4 de enero se turnó a los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito y está pendiente de resolución, a cargo del magistrado Roberto Lara Hernández.
Con base en lo anterior, las organizaciones denunciantes exhortan a los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal de Primer Circuito a que analicen y resuelvan la libertad de las cinco personas detenidas ilegalmente.
(Con información de Cencos)
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