Por oponerse a desalojo ilegal, Raúl Guerra fue privado de su libertad...

Funcionarios del Ayuntamiento de Puebla  podrían enfrentar proceso penal por violar  garantías individuales.

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

Por oponerme a un desalojo ilegal fui privado de mi libertad, paseado por varias horas de manera inhumana y después;  sin avisar a mi familia  en donde me encontraba, fui entregado a la Policía Ministerial, en donde se me acusó por  delitos que no cometí; afirmó  Raúl Guerra Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Unidad Habitacional de Agua Santa.

Acompañado por sus abogados Tomas Tenocelotl Rugerio y Raymundo Reyes Escobar indicó  que fue detenido  por  elementos de la policía Municipal, pues trato de impedir que fueran desalojados  y destruidos  puestos y casetas que tienen instaladas vecinos de la Unidad Habitacional que preside.



Raúl Guerra

Después fue acusado por  resistencia de particulares y daños a las vías generales de comunicación, pero recuperó su libertad por medio del amparo 1299/2012, recibido por  el juzgado Sexto  de Distrito en donde se demostró que no tenían  razón de ser dichas acusaciones.

Guerra Ramírez  comentó  que su participación  en el operativo del día viernes 10 de agosto, fue en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva  y  con la finalidad de evitar un injusto  operativo realizado por más de 200 elementos, en contra de principalmente  personas de la tercera edad, quienes tienen sus puestos en la mencionada Unidad Habitacional;

Reconoció que la autoridad tiene para la zona  un proyecto de reordenamiento comercial con  los  vendedores establecidos ahí;  pero  que  este no consistía  en su desalojo. Argumentó  que  Eduardo Alcántara Montiel no era el indicado para realizar y ordenar dicho operativo pues  está persona es director de atención Vecinal.

Por su parte el abogado Tomas Tenocelotl indicó que con la admisión a la demanda de amparo dictada por el Juez de Distrito del Poder Judicial, autoridades municipales encabezadas por Eduardo Alcántara Montiel, Miguel Méndez, Rubén Mantilla de la Llave, y un sujeto de nombre Jorge Sosa Pérez, podrían enfrentar proceso penal por violación a las garantías individuales y las arbitrariedades  realizadas contra Raúl Guerra Ramírez, a quien  no se le comprobó delito alguno.

Agregó que el apoyo de más de 23 Presidentes de diversas Unidades Habitacionales fue determinante para no fincar ningún delito en contra de Guerra Ramírez.

El pasado viernes 10 de agosto;  autoridades municipales encabezadas por Eduardo Alcántara Montiel, Director de Atención Vecinal y Comunitaria, Miguel Méndez, Director de Desarrollo Político Municipal, Rubén Mantilla de la Llave, Jefe de Vía Pública, al dar  seguimiento al oficio SR/CDUOP/173/2012, presentado por un particular­  realizaron  un  operativo  para destruir  locales de vendedores ambulantes del lugar, por una denuncia supuestamente  presentada por Jorge Sosa Pérez, al parecer vecino  de la Unidad.

Raúl  Guerra Ramírez, Presidente de la Unidad Agua Santa,  dijo estar sorprendido por la atención pronta y expedita prestada a un particular, por un simple señalamiento  y no hacer caso al Presidente  de la unidad, quien al acudir a solicitar informes del supuesto desalojo, las dependencias involucradas no sabían del caso, sin embargo, sus titulares estuvieron encabezando el operativo junto con uniformados y equipo canino que cerraron todos los accesos de la Unidad y además lo detuvieron y estuvieron paseando por varias horas hasta que sin avisar a sus familiares, lo  entregaron a la Policía  Ministerial.

El afectado con su abogado Tomás Tenocelot

Indicó que el problema  tiene tiempo de estar latente, pero  siempre ha buscado su solución, pues la propuesta de la Mesa Directiva de Agua Santa es incorporar como contribuyentes a los locatarios de este lugar, para que puedan  trabajar tranquilamente, pero el Ayuntamiento no hace caso.

Calificó como un  montaje y una maniobra política el desalojo  con la finalidad de  destituirlo ya que hasta el momento no se ha prestado a los intereses de quienes violentaron sus garantías individuales y que son funcionarios del gobierno Municipal.

Tenocelotl Rugerio señaló que los supuestos delitos por los ataques a las vías de comunicación y  la resistencia a particulares  fueron echados abajo por el Juez de Distrito quien dio acceso a la demanda de amparo interpuesta a favor de su defendido.

Por último informó que está  en proceso una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Puebla y a  nivel nacional, y  si es el caso, ante tribunales Internacionales.