Funcionarios del Ayuntamiento de Puebla podrían enfrentar proceso penal por violar garantías individuales.
ÁNGEL Ibáñez Fonseca.
Por oponerme a un desalojo ilegal fui privado de mi libertad, paseado por varias horas de manera inhumana y después; sin avisar a mi familia en donde me encontraba, fui entregado a la Policía Ministerial, en donde se me acusó por delitos que no cometí; afirmó Raúl Guerra Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Unidad Habitacional de Agua Santa.
Acompañado por sus abogados Tomas Tenocelotl Rugerio y Raymundo Reyes Escobar indicó que fue detenido por elementos de la policía Municipal, pues trato de impedir que fueran desalojados y destruidos puestos y casetas que tienen instaladas vecinos de la Unidad Habitacional que preside.
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| Raúl Guerra |
Después fue acusado por resistencia de particulares y daños a las vías generales de comunicación, pero recuperó su libertad por medio del amparo 1299/2012, recibido por el juzgado Sexto de Distrito en donde se demostró que no tenían razón de ser dichas acusaciones.
Guerra Ramírez comentó que su participación en el operativo del día viernes 10 de agosto, fue en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva y con la finalidad de evitar un injusto operativo realizado por más de 200 elementos, en contra de principalmente personas de la tercera edad, quienes tienen sus puestos en la mencionada Unidad Habitacional;
Reconoció que la autoridad tiene para la zona un proyecto de reordenamiento comercial con los vendedores establecidos ahí; pero que este no consistía en su desalojo. Argumentó que Eduardo Alcántara Montiel no era el indicado para realizar y ordenar dicho operativo pues está persona es director de atención Vecinal.
Por su parte el abogado Tomas Tenocelotl indicó que con la admisión a la demanda de amparo dictada por el Juez de Distrito del Poder Judicial, autoridades municipales encabezadas por Eduardo Alcántara Montiel, Miguel Méndez, Rubén Mantilla de la Llave, y un sujeto de nombre Jorge Sosa Pérez, podrían enfrentar proceso penal por violación a las garantías individuales y las arbitrariedades realizadas contra Raúl Guerra Ramírez, a quien no se le comprobó delito alguno.
Agregó que el apoyo de más de 23 Presidentes de diversas Unidades Habitacionales fue determinante para no fincar ningún delito en contra de Guerra Ramírez.
El pasado viernes 10 de agosto; autoridades municipales encabezadas por Eduardo Alcántara Montiel, Director de Atención Vecinal y Comunitaria, Miguel Méndez, Director de Desarrollo Político Municipal, Rubén Mantilla de la Llave, Jefe de Vía Pública, al dar seguimiento al oficio SR/CDUOP/173/2012, presentado por un particular realizaron un operativo para destruir locales de vendedores ambulantes del lugar, por una denuncia supuestamente presentada por Jorge Sosa Pérez, al parecer vecino de la Unidad.
Raúl Guerra Ramírez, Presidente de la Unidad Agua Santa, dijo estar sorprendido por la atención pronta y expedita prestada a un particular, por un simple señalamiento y no hacer caso al Presidente de la unidad, quien al acudir a solicitar informes del supuesto desalojo, las dependencias involucradas no sabían del caso, sin embargo, sus titulares estuvieron encabezando el operativo junto con uniformados y equipo canino que cerraron todos los accesos de la Unidad y además lo detuvieron y estuvieron paseando por varias horas hasta que sin avisar a sus familiares, lo entregaron a la Policía Ministerial.
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| El afectado con su abogado Tomás Tenocelot |
Indicó que el problema tiene tiempo de estar latente, pero siempre ha buscado su solución, pues la propuesta de la Mesa Directiva de Agua Santa es incorporar como contribuyentes a los locatarios de este lugar, para que puedan trabajar tranquilamente, pero el Ayuntamiento no hace caso.
Calificó como un montaje y una maniobra política el desalojo con la finalidad de destituirlo ya que hasta el momento no se ha prestado a los intereses de quienes violentaron sus garantías individuales y que son funcionarios del gobierno Municipal.
Tenocelotl Rugerio señaló que los supuestos delitos por los ataques a las vías de comunicación y la resistencia a particulares fueron echados abajo por el Juez de Distrito quien dio acceso a la demanda de amparo interpuesta a favor de su defendido.
Por último informó que está en proceso una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Puebla y a nivel nacional, y si es el caso, ante tribunales Internacionales.
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