Panorama

Violencia contra estudiantes de la BUAP:
¿contubernio gubernamental y universitario?

 Germán Sánchez Daza*

10-II-15
El pasado domingo estudiantes de la UAP fueron golpeados, vejados y perseguidos por un grupo de encapuchados, ante la presencia de policías y agentes gubernamentales estatales y municipales. Así nos lo reportan diversos medios de comunicación, quienes dan cuenta de los testimonios de los jóvenes agredidos y de sus múltiples golpes. Pareciera una imagen del maximato, una auténtica acción gangsteril.
Este acto violento, perfectamente organizado, se da en un contexto estatal y nacional que adquiere tonalidades cada vez más oscuras y tenebrosas: a

menos de un año de la agresión a los pobladores de Chalchihuapan, de la persecución y encarcelamiento de decenas de ciudadanos que defienden sus derechos y comunidades, a cuatro meses de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en una constante desaparición de ciudadanos, en fin, en el marco de una creciente práctica de la violencia y criminalización de las luchas sociales.
Se trata de una agresión contra los más elementales derechos humanos, se trata de una violencia organizada y sistemática contra la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos, la “omisión” mostrada por la policía no es sino el mustio velo del verdadero rostro de quienes gobiernan nuestra entidad y país. El comunicado de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento es una patética emulación de las versiones oficiales de otras represiones contra estudiantes, como los que justificaron los asesinatos del 10 de junio de 1971 y del 2 de octubre de 1968.
Es fundamental que se satisfaga plenamente la exigencia de esclarecer estos hechos, de que las autoridades competentes (¿?) realicen sus funciones conforme al derecho y la legalidad existente y se efectúe el encarcelamiento de los responsables directos e intelectuales de esta violencia ejercida contra los jóvenes. El ejercicio del poder despótico, arbitrario, sangriento, tiene límites y los definen la misma sociedad, las organizaciones sociales y políticas; y solo ellas son las que podrían lograr la fuerza necesaria para esclarecer la agresión sufrida y detener los abusos y acciones ilegales del poder.

LA COMPLICIDAD UNIVERSITARIA

Frente a los hechos ocurridos, las autoridades universitarias emitieron un triste y penoso comunicado de deslinde de responsabilidades. Es triste porque en él solo se muestra la premura por aparecer (¿aparentar?) ajenas a la violencia contra los jóvenes (que son parte de su comunidad), es penoso porque como Universitarios tienen el deber de exigir y defender lo mejor de nuestra sociedad, de constituirse en el interlocutor crítico de los excesos de poder. En dicho comunicado no hay el menor indicio de que la Autoridad de la Máxima Casa de Estudios de Puebla (de la Universidad Autónoma de Puebla) se plantee seriamente exigir al gobierno el respeto a los derechos humanos y ciudadanos de los estudiantes agredidos, y mucho menos se puede encontrar que se proponga actuar en consecuencia.
En este sentido, tienen razón los estudiantes del Colectivo Universitario de

Educación Popular al señalar al gobernador, al presidente municipal y al rector como los responsables de estos hechos. ¿A qué intereses afectan la protesta y acciones que realizan estos jóvenes universitarios? Lo único que se puede mostrar es que son estudiantes comprometidos con su actividad y su sociedad: aprender y socializar sus conocimientos. ¿Esto es un delito? ¿Porqué las autoridades universitarias han obstaculizado y perseguido sus actividades?
La labor que ejerce dicho colectivo es quizá una de las prácticas universitarias más loables y estimulantes: tratar de apoyar el ingreso a la Institución a jóvenes de escasos recursos, que no tienen para pagar los cursos que la UAP ofrece; además de que por esta actividad no reciben ninguna remuneración, es totalmente SOLIDARIA. Se trata también de una manera de enfrentar la privatización de la educación. Las autoridades universitarias en lugar de apoyar esta labor, iniciada desde hace cinco años, le han puesto obstáculos, les han impedido utilizar las instalaciones, les han perseguido para que no se reúnan; dichas autoridades olvidan cómo se constituyó la Institución que hoy dirigen.
Las redes y organizaciones sociales han mostrado su solidaridad con estos jóvenes estudiantes, una buena parte de la comunidad del centro de investigaciones donde laboro se ha sumado a la exigencia del esclarecimiento de los hechos, del castigo a los responsables, además de que se asegure la integridad de todos ellos.
A lo anterior, es necesario que en el ámbito de la UAP, la Universidad Pública, se demande el respeto y el apoyo total a la labor que realizan estos jóvenes universitarios, así como el claro deslinde de responsabilidades de todas las autoridades de la Institución de estos hechos y se haga la plena defensa de los derechos de los estudiantes hoy agredidos, que son parte de su comunidad.

*Profesor-investigador, Facultad de Economía, UAP.