Prestan un pésimo servicio. Atropellan y asesinan ciudadanos. Se han adueñado impunemente de la ciudad.
Se quejan del incremento en el precio de los combustibles... pues que le reclamen a Calderón.
Como se atreven los permisionarios del servicio del transporte público exigir, porque no piden, exigen un aumento al precio del pasaje a 8 pesos, cuando prestan un servicio de quinta, con unidades en mal estado, sucias, con choferes groseros, que al menor pretexto agreden a los usuarios, y lo que es peor, han provocado la muerte de docenas de personas por su irresponsabilidad.
En este caso, el solicitante a nombre del Frente Común de Transportistas Ignacio Morales, exige un incremento del 60 por ciento al precio del pasaje, con la advertencia de que si las autoridades no se los conceden, iniciarán una serie de movilizaciones y paros del servicio hasta conseguir su cometido.
Se le olvida a este concesionario que únicamente tienen un permiso de la autoridad correspondiente para explotar el servicio de transporte público y que el gobierno se los puede retirar en el momento que crea pertinente. La amenaza puede ser una de las causales.
El servicio que prestan los transportistas si no es el peor, es uno de los que más problemas han causado a los usuarios. Todos los días causan accidentes muchos de ellos con resultados trágicos, que han enlutado docenas de hogares, y a pesar de que pende sobre sus cabezas el artículo 86 del Código Penal, que los condena a muchos años de prisión si atropellan y matan a algún ciudadano sin derecho a fianza, les vale gorro. Todos los días los choferes corren sus unidades a altísimas velocidades, sin la menor precaución; se pasan los semáforos en rojo, suben y bajan pasaje en doble y hasta en tercera fila; cargan combustible con el pasaje a bordo. Todo lo anterior, es lamentable reconocerlo, con la autorización de las autoridades de la SCT y Vialidad Municipal.
No hay autoridad que los meta al orden por la sencilla razón de que por una módica cantidad de dinero, los agentes y sus jefes de ambas corporaciones, estatal y municipal se hacen de la vista gorda. Dirán que no es cierto, ¿pero si no fuera por convenios económicos, como explican que los transportistas se hayan adueñado de la ciudad impunemente? Si los actuales concesionarios no están contentos con la tarifa, que ya no presten el servicio. ¿Que los combustibles están más caros? Que le reclamen a Calderón, pero los usuarios no vamos a pagar los platos rotos. (p)
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