miércoles, 20 de marzo de 2013

Uno de sus guaruras balaceo a dos personas y fue protegido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Mientras Eduardo Rivera ordena desalojar y detener a humildes trabajadores callejeros, los delincuentes operan en la impunidad.



Por Alberto Mendoza Ruiz

La delincuencia en el municipio de Puebla cada día se incrementa en forma preocupante, los delitos se suceden a diario uno tras otro ante la incapacidad de quienes tienen la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, ya que además cobran para ello.

Prácticamente un batallón de policías municipales
 detuvo a humilde lustrador de calzado.
Su delito, ganarse la vida honradamente.
Probablemente si trabajara como guarura del alcalde,
cometería atropellos sin ser molestado
 
Desde que iniciaron las administraciones estatal y municipal de Puebla, “coincidentemente” la delincuencia aumentó su presencia; robos, asaltos a mano armada, asesinatos, entre una cantidad enorme de delitos, todos quedando en la impunidad.

Hace unos días, al presidente municipal y al gobernador les entregaron un reconocimiento de Puebla, Comunidad Segura. ¿Cuánto pagaron para que les entregaran esa denominación? Ojalá algún día lo sepamos, porque lo que menos tiene Puebla es seguridad.

Es así que a pesar de los discursos la seguridad en Puebla es nula, y los cuerpos policiacos que deberían servir para perseguir y detener a los delincuentes, es utilizada para perseguir ciudadanos que buscan ganarse la vida honradamente.

Un ejemplo nada más ayer, en el zócalo de la ciudad, en pleno centro de la capital poblana, un grupo de “valientes” policías a bordo de cinco patrullas, dos autos, una camioneta pickup y dos motocicletas, quince policías aproximadamente detuvieron, apresaron, o más bien secuestraron a un humilde trabajador que se dedica desde hace unos 25 años a dar el servicio al calzado de los ciudadanos, “bolero” pues.

Los energúmenos “guardianes” del orden, incapaces de detener a los delincuentes que tienen azolado el centro de la ciudad, se han dedicado, sin duda por órdenes de los toluqueños presidente municipal Eduardo Rivera Pérez y secretario de Seguridad Pública Amadeo Lara Terrón, a retirar del centro de la ciudad a personas humildes que buscan ganarse la vida.
Ciudadanos que atestiguaron la injusticia
salieron en defensa del trabajador sin
conseguir que no fuera detenido.
 

Esta acción policiaca es parte de una serie de medidas que la administración de Eduardo Rivera viene aplicando contra personas que al no encontrar otra manera de sobrevivir, buscan el pan de sus hijos de cualquier manera lícita.

Por otro lado Eduardo Rivera y su empleado y paisano toluqueño  Amadeo Lara Terrón protegieron a un sujeto que trabaja como guarda espaldas de ambos de nombre Alejandro Vega Flores, quien borracho  balaceo a sus vecinos, lesionando a dos, uno de ellos de gravedad.

Los hechos delictivos ocurrieron en la calle Huauchinango de la colonia Lomas del Sur, donde en su domicilio, el guarura  Alejandro Vega con sus amigos consumían bebidas embriagantes, mientras los carros de sus invitados estorbaban las entradas de sus vecinos. Los afectados, pidieron que quitaran sus carros de las entradas de las casas, para que pudieran meter sus unidades, recibiendo como primera respuesta , según relatan los agraviados, insultos y burlas , para que poco después el empleado del presidente municipal desenfundara su arma de cargo y la disparara contra sus vecinos, hiriendo a dos de ellos, uno en  una pierna y otro en la columna vertebral.


Los policías dl gobierno panista
valientes con los indefensos,
 cobardes y cómplices con
los delincuentes.
 
Al presentarse agentes de la policía municipal y enterarse que el agresor era ni más ni menos que guarura del choricero alcalde, se retiraron de lugar sin detener al delincuente.

Se sabe que a este sujeto prepotente que recibe un sueldo de los impuestos, fue protegido por la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue escondido, durante varios días, hasta que la presión mediática y los reclamos de varios actores políticos exigiendo justicia, obligó al alcalde y al Secretario de Seguridad a entregarlo a la Procuraduría.

 

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