Policías federales y del estado de Guerrero asesinan a dos estudiantes durante manifestación.

Con información de CENCOS
· Los cuerpos de “seguridad” reprimen a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa
· Exigen cese la criminalización de la protesta social
El día de hoy 12 de diciembre de 2011, a las 12 hrs, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero tomaron la salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco a la altura del Hotel Parador del Marqués, donde confluyen la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para exigir al Gobierno del Estado de Guerrero el cumplimiento a sus peticiones en materia de educación.
De acuerdo con la versión preliminar a las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales, los cuales abrieron fuego en contra de los estudiantes, iniciando una persecución, golpeando y deteniendo a varios de ellos.
A las 12:50 un estudiante de Ayotzinapa confirmaba la muerte de dos estudiantes, uno de ellos de nombre Jorge Alexis Herrera Pino, al parecer originario de Atoyac, varios heridos y 10 detenidos.
Actualmente, la situación continúa bajo tensión, sin que funcionarios de alto nivel del Estado de Guerrero hayan hecho acto de presencia en el lugar de los hechos. Persiste el riesgo de que los estudiantes de Ayotzinapa sean detenidos y criminalizados por ejercer su derecho a protestar.
Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad. Más recientemente, en semanas pasadas, habían iniciado una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en los hechos de esta mañana.
En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso de los gobiernos estatal y federal de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.