La autorización de la concentración Televisa-Iusacell es la definitiva postración del gobierno a las televisoras

Difusión Cencos México D.F.

Amedi

• Es uno de los retrocesos más grandes en materia de concentración

• Pasaremos de un duopolio a un monopolio de la televisión abierta comercial

Sorda a los argumentos, las explicaciones, los datos duros, los reclamos y la historia de abusos y prebendas; ciega a la excesiva concentración y a las implicaciones de la convergencia tecnológica en la distribución multiplataforma de contenidos, la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorizó la concentración entre Televisa y TV Azteca a través de Iusacell.

Esta decisión se suma al conjunto de privilegios que el partido en el gobierno ha otorgado a los dos grupos que controlan la televisión comercial abierta y que ahora son socios en la telefonía y el Internet móviles. Los comisionados de la CFC fueron sometidos, a excepción del comisionado Miguel Flores Bernés que voto en contra, al cambiar su negativa del 24 de enero de 2012 y aprobar el recurso de reconsideración que interpusieron ambas empresas, permitiendo la concentración.

Con su resolución los comisionados violaron la Constitución y la Ley Federal de Competencia Económica. Con esta decisión la CFC ha querido configurar un monopolio convergente que se enfrente a las principales empresas de telecomunicaciones de este país, pero con ello no protege el interés público ni el bienestar de los consumidores, sólo el provecho privado de las empresas. Ha pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de un plumazo la escasa competencia que existía en radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual.

Canjear la concentración a cambio de que las televisoras no se interpongan a la existencia de una tercera cadena de televisión muestra de manera contundente la incapacidad del gobierno para limitar el poder de las televisoras. Las condiciones impuestas por la CFC son apenas las obligaciones mínimas que se debieran cumplir en un mercado competitivo, pero en ninguna forma representan condiciones necesarias para romper con la concentración en la producción y distribución de contenidos audiovisuales, máxime si se suma el esquema de multiprogramación contenido en la política de transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual no requiere licitación ni contraprestación para ofrecer servicios adicionales, ni siquiera autorización por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con lo cual cualquier nuevo competidor tendrá condiciones sumamente inequitativas, ante lo que ahora es ya un monopolio de la televisión.

Como ocurrió con la llamada Ley Televisa, esta decisión (que vuelve a favorecer exactamente a los mismos protagonistas) ocurre en medio de un complejo proceso electoral. Una vez más, la clase política, el gobierno en turno y los reguladores vuelven a ser frágiles ante el poder de chantaje de las televisoras, acrecentándolo todavía más con decisiones regresivas como la de la CFC. Se produce, además, cuando las televisoras privadas, principalmente Televisa, enfrentan una de sus mayores crisis de credibilidad, cuando está envuelta en un escándalo que ya alcanzó dimensiones internacionales, y cuando activos sectores de la sociedad reclaman la parcialidad y los sesgos informativos de las dos televisoras que ahora estrechan vínculos comerciales gracias a la obsequiosidad de quienes debieran velar por la competencia y prevenir concentraciones anticompetitivas. No hacía falta autorizar la fusión Televisa-Iusacell para comprobar el daño que el duopolio le ha infligido a la democracia mexicana; ahora ese poder se ve fortalecido y acrecentado por resoluciones tomadas bajo presiones políticas.

Todo lo anterior no puede entenderse sino como una instrucción presidencial. Es precisamente el Ejecutivo Federal el responsable directo del otorgamiento de privilegios y prebendas a través de los organismos reguladores como la CFC y la Cofetel, capturados por los intereses político-electorales de la actual administración. Por eso no es extraño que Josefina Vázquez Mota haya sido la única de los cuatro candidatos a la presidencia de la república que no respondió las siete preguntas que la Coalición Ciudadana Democracia y Medios les formuló para conocer sus propuestas en torno a la agenda de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Este ramillete de dádivas a cambio de nada, pues el gobierno ha perdido el rumbo y su partido ocupa el tercer lugar en las preferencias electorales, sólo documentan históricamente que el presidente Felipe Calderón gobernó en beneficio de Televisa y TV Azteca. Mientras tanto, la sociedad permanecerá en espera de la democratización de los medios de comunicación. Todos estos regalos del gobierno le permitirán a Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego “vivir mejor”, pero para el resto de los ciudadanos las telecomunicaciones y los medios se encuentran peor.