López Obrador no sólo está en una defensa legítima de sus derechos, “sino que lo está haciendo en el marco de la propia normatividad”.
El problema con la elección del 1° de julio no es en el proceso de contabilidad de los sufragios, sino en la conducta previa de compra de voto “que está vinculada con el hartazgo de muchos ciudadanos que se disponen a venderlo como resultado de la miseria de este país”, señaló el doctor Federico Novelo Urdanivia, jefe del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El especialista abundó: “la presunción en la que más insiste López Obrador es en la compra de votos y en la casi duplicación de los topes de campaña del PRI, lo cual es real y se está comprobando”, sin embargo la Ley sólo contempla la aplicación de sanciones económicas y no políticas “sin afectar el resultado de las elecciones”.
Aseveró que, adicionalmente, hay una falla en relación con la oportunidad con la que estas conductas son castigadas, pues no hay intervención inmediata de la autoridad electoral que brinde certeza al elector.
Novelo Urdanivia reconoció que, a pesar de los señalamientos, el proceso electoral no se va a reponer, porque el conteo voto por voto que se hizo en los distritos ratifica los resultados que ya se han dado a conocer y que dan el triunfo al candidato del PRI-Verde, Enrique Peña Nieto.
Reiteró que al no aceptar los resultados, mientras no se ponga en claro todo el proceso que se siguió, López Obrador no sólo está en una defensa legítima de sus derechos, “sino que lo está haciendo en el marco de la propia normatividad”.
“Creo que la aceptación (de los resultados) que hizo Josefina Vázquez Mota es correcta por la debacle con la que el Partido Acción Nacional sale de este proceso electoral, pero Andrés Manuel López Obrador como contrincante verdaderamente visible está actuando en defensa de sus propios derechos”, asegura Novelo Urdanivia.
El especialista consideró que se hace necesaria una legislación en donde se consigne, primero, que el castigo por rebasar estos topes no sea económico sino político, es decir que pueda descalificarse del proceso a quien cometa este ilícito. Segundo, la temporalidad con la que se enjuicia, “el dictamen debe ser inmediato”, y tercero eliminar “el protagonismo del dinero” de la elección.
Como especialista en economía, consideró que podría presentarse una inestabilidad económica a partir de rumores sobre el futuro gabinete, por lo que confió que Peña Nieto deberá de decidir por un equipo de trabajo cuya composición sea eficaz.
Fuente UAM
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