Centro Prodh
· Resolución, buena señal por parte del Poder Judicial. Es su responsabilidad garantizar el debido proceso de todas y todos los imputados por estos hechos.
· Autoridades federales y del GDF, obligadas a investigar a fondo abusos policiacos, incluyendo toda la cadena de mando. Responsables deben ser sancionados.
Desvanecimiento de pruebas demuestra intencionalidad política de operativos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expresa su satisfacción por la liberación de un número importante de participantes en las protestas por el cambio de administración federal, el día 1 de diciembre de 2012. La resolución en este sentido dictada por la Jueza 47 de lo penal en el Reclusorio Norte, María del Carmen Patricia Mora Brito, es una buena señal por parte del poder judicial para garantizar el debido proceso de la totalidad de los imputados. Sin embargo, consideramos que ello no es suficiente.
Todos los implicados en los hechos deben deslindar sus responsabilidades en el marco del debido proceso. Eso incluye desde los cuerpos policiacos federales y del Distrito Federal, hasta la Jefatura de Gobierno del DF (en ese momento a cargo de Marcelo Ebrard), así como a los responsables operativos y políticos por parte de la administración federal entrante encabezada por Enrique Peña Nieto.
El desvanecimiento de las supuestas pruebas contundentes en contra de los manifestantes, así como la grave omisión de las autoridades en cuanto a los reiterados señalamientos por parte de las y los jóvenes así como de otros sectores de la sociedad, demuestran muy claramente la intencionalidad política de estos operativos en el sentido de criminalizar la protesta social. Especialmente preocupante resulta la presencia documentada tanto por activistas como por medios de comunicación de un grupo de provocadores que según han señalado diversas fuentes portaban un guante negro y pantalones caquis como señal de identificación.
Estos graves sucesos han puesto a la sociedad en alerta, como lo señalamos las organizaciones civiles que en conjunto emitimos una alerta el pasado 3 de diciembre (http:/ymlp.com/zQbXnW). Las autoridades civiles en todos sus niveles tienen como responsabilidad primordial garantizar los derechos humanos de todas y todos los habitantes de este país y de quienes transitan por él, sin importar su condición social, migratoria e incluso legal.
La protesta social es un derecho que no debe de ser coartado y que sólo bajará su intensidad en la medida en que el Estado mexicano demuestre en su conjunto que respeta las leyes que le dan origen y que basa su funcionamiento estrictamente en ellas, como corresponde a un Estado democrático de derecho.
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