Alberto Mendoza
Las familias desalojadas violentamente la madrugada del sábado 8 de junio por pandilleros y policías estatales de la Colonia Xilotzoni de la junta auxiliar San Jerónimo Caleras realizaron una manifestación por diversas calles del centro de la ciudad, para denunciar el atropello del que fueron víctimas y denunciar al Juez Noveno de lo Penal José Hugo Salvador González Jiménez, al que acusan de haberse vendido al cacique Alejandro Flores Pastrana quien con escrituras falsas se quiere quedar con esos terrenos que son propiedad federal según han informado los quejosos.
Durante el desalojo, denunciaron, primero ingresaron los pandilleros quienes “echaron bala” para espantar a las familias, y luego ingresaron policías estatales a sacar a la gente con exagerada violencia sin importarles que hubiera niños ancianos y mujeres, incluso algunos enfermos.
Una señora de unos sesenta años pide que vayan los medios a tomar fotografías de la destrucción que hicieron las autoridades: “tiraron mi casa, que con mucho sacrificio fuimos levantando, somos muy pobres y para hacer mi casita luego ni comía, estaba quedando bonita, pero este piche gobierno con sus perros me la tiró, y ahora no se que hacer, no sabemos que hacer, mire mis nietos, dos pequeñitos, un niño y una niña como de seis y siete años, ya no tienen donde dormir, no es justo que este piche gobierno nos haga esto, el gobernador tiene harta lana y vive en una casota ni sabe lo es tener frio o hambre, y el juez que se vendió, no se si podrá dormir pensando que dejó en la calle a muchos niños”.
Los quejosos realizaron un plantón frente al Congreso del Estado para pedir a los diputados que intervengan y los ayuden.
Posteriormente marcharon al Palacio Legislativo donde también realizaron un plantón para denunciar al juez al que acusan de corrupto y también piden la intervención del presidente del poder judicial para que llame a cuentas al juez José Hugo Salvador González Jiménez.
Los afectados niegan ser invasores ya que aseguran que compraron los terrenos y que están en posesión de ellos desde hace 10 años, en diversas ocasiones han presentado sus constancias de posesión y ya estaban tramitando sus escrituras y los servicios municipales, por lo que seguirán luchando, porque a pesar de la represión, advirtieron no lograrán quitarles lo que aseguran les pertenece.
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