EN PUEBLA SON DECLARADOS DELINCUENTES QUIENES SE OPONEN A LOS DESIGNIOS DEL SEÑOR GOBERNADOR: Roxana Luna Porquillo
“En lugar de cumplir con su compromiso de dialogo y establecer mesas de trabajo para resolver problemas, el Gobierno del Estado como respuesta ha detenido a tres dirigentes sociales y existen o se preparan 150 órdenes de aprehensión; Además de los ya detenidos; Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón; señaló en conferencia de prensa, la Diputada Roxana Luna Poquillo.
Quien por medio un documento explica de manera pormenorizada lo que ha ocurrido a quienes se oponen a los designios del Gobernador del Estado y la forma en que se criminaliza la lucha Social.
EN PUEBLA, A GOLPES NOS QUIEREN CALLAR.
En Puebla existe una ola de violación sistemática de los derechos humanos y criminalización de los movimientos sociales. En consecuencia, el resentimiento social y la inconformidad crecen a diario.
Sólo en el mes de abril el gobernador Rafael Moreno Valle lleva detenidos a tres dirigentes sociales, tres ciudadanos amenazados por ejercer su profesión, seis órdenes de aprehensión, y 150 están en proceso de integración.
El seis de abril a las once de la mañana fue detenida Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, del municipio de Atlixco, integrante del Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra. Su detención se hizo al terminar la reunión de comisariados ejidales en Tepeojuma. A Enedina Rosas se le imputan delitos de robo agravado y oposición a que se ejecute obra pública, específicamente referida al gasoducto del Plan Integra Morelos.
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Cabe mencionar que dicho gasoducto no es obra pública pues se trata de un proyecto de tres empresas privadas extranjeras denominadas Elecnor, Enagas y Bonatti spa asociadas con la Comisión Federal de Electricidad, y que en el caso del robo agravado corresponde a que supuestamente robó dos celulares.
Actualmente está recluida en el Cereso de Atlixco bajo el proceso 121/2014, del juzgado de lo penal de esta localidad.
El siete de abril al medio día, Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de Agua y de la Tierra, fue detenido justo cuando salía después de presentar una queja en la CNDH de Puebla, en la calle centro poniente 5 sur. Los delitos que se le imputan son: despojo, extorsión motín y ataques a la infraestructura hidráulica, los tres primeros son graves y no le permitirían derecho a fianza. El activista se encuentra recluido en el Cereso de
San Pedro Cholula bajo el proceso 127/2012 del juzgado de lo penal de esta misma localidad.
El ocho de abril por la mañana, Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz de San Martin Texmelucan, integrante del Frente Campesino y de Movimiento Nacional Los de Abajo, en Puebla capital había condenado las detenciones de los dos dirigentes sociales mencionados, pues consideró que era una agresión a quienes defienden la tierra, el agua y la vida. Llamó al gobierno del estado al diálogo, y denunció que un día antes había sido amedrentado, por lo que responsabilizó al gobernador Rafael Moreno Valle de lo que le pudiera pasar a él y su familia. Ese mismo d1a fue detenido a las cinco de la tarde a unos metros de su domicilio Los delitos que se le imputan son: amenazas, privación ilegal de la libertad y delitos contra funcionarios públicos. Se encuentra recluido en el Cereso de Atlixco bajo el proceso número 55/2014 del juzgado de lo penal de ese municipio.
Por los delitos que se le imputan al dirigente Abraham Cordero alcanza fianza, por lo que su defensa legal solicito el beneficio de la caución. El 9 de abril la Ministerio Público adscrita al juzgado de Atlixco, Lic. Minerva Herrera de la Cruz, solicitó al juez se le niegue la libertad caucional, ya que ella determinó que el acusado era un peligro para la sociedad, y con la misma fecha el juez Helmo Mayoral Bello declaró fundada (sin pruebas) la petición del ministerio público, negando la libertad bajo caución. ¿En dónde queda la justicia y la presunción de inocencia? El día 17 de abril el juez del séptimo distrito admitió la suspensión provisional y ahora será la justicia federal quien determine su situación jurídica.
En todos los casos fue el mismo modus operandi: ausencia de orden de aprehensión, quienes ejecutan las detenciones son individuos vestidos de civil, con armas largas y con camionetas y carros blancos sin placas. Todos los acusadores de los dirigentes defensores de la tierra, el agua y la vida, son trabajadores del Banco Estatal de la Tierra. En el caso de Enedina no le permitieron que la acompañara su abogado defensor al momento de su declaración.
LA OLA DE AMENAZAS SIGUE.
El once de abril amagaron con armas de fuego e intimidaron a la familia del Dr. en sociología Ricardo Pérez Avilés, investigador de economía política y desarrollo sustentable de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exigiendo que deje de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto.
El día 16 de abril el abogado de Abraham Cordero, Lic. Raúl Rodríguez, recibió desde el número 5565731338 la siguiente amenaza: "bájale o te va cargar la chingada, conocemos a tu esposa ya tus tres hijos", y más tarde le marcaron de su casa y cuando contestó le pusieron en la bocina a un niño llorando, cuando colgó le llamó a su esposa para saber cómo estaba, la esposa le contestó que no había sido ella, que todo estaba bien.
El 17 de abril Alberto Melchor Montero, alumno del Dr. Ricardo Pérez Avilés, ambos conductores del programa radiofónico "El campo y la ciudad, diálogo necesario", fue amenazado desde los números 2281096875 y 2283665469, y le decían desde el primer número "ni se te ocurra hacer el programa de radio, no te metas en pedos, ni hagan la bronca más grande, absténgase se andar de mitotero cabrón", y desde el segundo número le dijeron: "muy bien cabrón coopera, y nada te va pasar, mantente al límite y nada les va pasar, dejen de andar moviendo a la pinche gente, párenle que ya los tenemos fichados".
Todo esto se debe a que se desde el 2011 el gobierno del estado ha pretendido concretar el proyecto del gasoducto, y desde e! 2012 el Arco Poniente en la zona poniente del Estado.
En esta zona se encuentran municipios como San Martin Texmelucan, San Pedro Cholula y Atlixco. Esta zona es estratégica por los recursos naturales e infraestructura con las que cuenta: el agua y la tierra, las carreteras, y el aeropuerto de Huejotzingo.
El gasoducto que es parte del Plan Integral Morelos recorrerá 150 kilómetros a través de 60 comunidades de esta zona. Las obras de este mega proyecto quedan dentro de la zona de contingencia del Volcán Popocatèpetl. El Comité Científico de riesgos del volcán, del instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Universitario de Prevención de desastres de la BUAP, han demostrado la inviabilidad ecológica y humana de dicho plan. Solo por citar un ejemplo de los riegos que se corren: el19 de diciembre del 2012 en San Martín Texmelucan hubo 17 muerto, 52 heridos y pérdidas materiales incuantificables por la explosión del gasoducto.
El Arco Poniente consiste en una autopista de 42 km dentro de esta misma zona, afectando 244 hectáreas de tierras agrícolas de riego. Esta zona produce 1500 toneladas de legumbres y hortalizas diario, que abastecen a la central de abasto de la Ciudad de México, empleando aproximadamente a 15 mil jornaleros.
Con estos proyectos se busca desplazar la vida agrícola de los pueblos originarios de la región, mediante el cambio del uso del suelo, y las compras por medio del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar el comercio de tierras.
¿Qué va pasar con los campesinos? ,
¿Dónde están incluidos los campesinos en estos proyectos?
El gobierno de Rafael Moreno Valle ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos esas preguntas. Los campesinos lo único que piden es ser consultados y tomados en cuenta para que sus tierras y sus aguas no sean expropiadas, ni contaminadas con los mencionados mega proyectos.
La respuesta del gobernador es clara, en vez de diálogo, se empeña en callar agolpes a los ciudadanos que lo llevaron al poder, y ordena más detenciones. La gente no conoce los mega proyectos y en vez de informar procede a girar más órdenes de aprehensión contra los dirigentes que quedaron enlistados como presuntos delincuentes dentro del proceso de
Juan Carlos Flores. Las nuevas órdenes de aprehensión van contra los CC. Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinar, Tomas linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia.
Con tales acciones, el gobernador ha creado un clima de terror contra la sociedad poblana pues sigue vigente la amenaza de expedir nuevas órdenes de aprehensión contra 150 personas, que no tienen nombre aún pero que las puede activar en cualquier momento, ya que quedó abierta la averiguación AP 430/2013/DMZS/Atlixco. Esto confirmado por el mismo secretario de gobierno C. Luis Maldonado.
Ante la digna decisión de los pueblos para defender el agua, la tierra y la propiedad, el gobierno del estado respondió con otro recurso autoritario legalizado en el mes de marzo de 2013 con las reformas realizadas por el Congreso del Estado a la Ley de expropiación. En ésta se legaliza el despojo de las tierras sin mediar notificación alguna, dejando en estado de indefensión a las comunidades que se resisten a desaparecer.
Dicha ley le servirá al gobernador Moreno Valle como instrumento jurídico para imponer a las comunidades campesinas los mega proyectos mineros, que afectaran a los pueblos de la sierra nororiental del estado de Puebla. Para ello ya existen 90 concesiones mineras destinadas a la explotación de minerales de oro y plata a cielo abiel1o, la construcción de tres hidroeléctricas y un parque eólico.
Con estos mega proyectos no se resuelve el desempleo ni la pobreza. Actualmente ocupamos el tercer lugar en número de pobres en el país de acuerdo al Coneval, el desempleo sigue creciendo y lo mismo la inseguridad. No es casual que en Puebla se cometan 10 delitos con violencia cada hora, según datos del sistema nacional de seguridad.
Es clara la estrategia del gobierno del estado para imponer sus proyectos: busca disolver los movimientos sociales, criminalizar la lucha social, callar a los intelectuales, y generar un clima de miedo y terror. Todo ello sin importar la violación sistemática de Ios derechos humanos. Exactamente la estrategia de todo gobierno autoritario y para estos propósitos tiene a su disposición el poder judicial.
En Puebla urge un cambio democrático, un nuevo método de gobernar. Es urgente y necesario informar, preguntar, antes de actuar. Llamamos al diálogo, a la sensibilidad, que no se lastime a los poblanos ni alas poblanas. Es hora de que vuelva la tranquilidad a la zona poniente del estado. Que quede claro: las comunidades no están en contra del progreso. Lo único que piden es que se les informe, se les consulte, que se les tome en cuenta, para vivir en paz y con dignidad.
Atentamente
Roxana Luna Porquillo
Diputada Federal e integrante el Movimiento Nacional Los de Abajo
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