Panorama

LA SEGURIDAD CIUDADANA NO SE DECRETA,SE GARANTIZA: ALVIZAR LINARES

·        Límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia

·        La sociedad sigue siendo rehén de la delincuencia, sentenció el Coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano

 Uno de los grandes pendientes del gobierno federal es la ausencia del un estado de derecho, en nuestro país se ha perdido el equilibrio entre el goce de las libertades y la garantía de la seguridad; hoy la sociedad sigue siendo rehén de la delincuencia, sentenció el diputado Ignacio Alvízar Linares.

En Movimiento Ciudadano advertimos que se han desdibujado los límites de la seguridad nacional y de la seguridad  pública; de acuerdo a recientes encuestas, la ciudadanía ha modificado sus propios hábitos, el 73.3% de los mexicanos percibe que vivir en su estado es inseguro.

Datos duros nos indican que cerca de 23 millones de ciudadanos fueron víctimas de un delito el año pasado; así vemos que el miedo se ha convertido en desconfianza, pues el 92.8% de los delitos no se denuncia ante las autoridades, expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario de MC en el Congreso del Estado.

Lamentamos que el modelo de seguridad del gobierno federal se ha centrado fundamentalmente en la intercepción de los narcóticos y el uso de la fuerza para detener o “inhabilitar” a los principales líderes de organizaciones criminales, siendo que la desarticulación de estas organizaciones sólo ha incrementado la violencia en la disputa por el control de las rutas y los mercados

Alvizar Linares sostuvo que es creciente la penetración del crimen organizado en el estado mexicano y en el sistema político, ya que son del dominio público las muestras de subordinación y complicidad, situación que amenaza nuestra seguridad nacional.

Desde el Partido Movimiento Ciudadano, planteamos que la seguridad ciudadana no se decreta, se garantiza, por ello proponemos un cambio de fondo en materia de seguridad pública en beneficio de los ciudadanos sin distinciones políticas, económicas o sociales. Se debe garantizar que las libertades y los derechos humanos se respeten en el marco del estado de derecho.

Una política de seguridad ciudadana que reconozca que las amenazas a la seguridad de las personas surgen no solo de situaciones ligadas a la violencia y la delincuencia, sino también de problemas estructurales de mayor complejidad como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades para el desarrollo de las personas, expuso.

Castigar la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados; reformar y recomponer las instituciones policiales; incorporar estándares internacionales de rendición de cuentas y transparencia policial; establecer mecanismos de participación ciudadana en la supervisión territorial de las acciones de seguridad pública.

También impulsar reformas jurídicas y mecanismos que permitan controlar y regular las empresas privadas de seguridad; promover una Ley de Seguridad Interior que imponga límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en materia de combate a la delincuencia organizada y en tareas de seguridad pública.