México D.F., 28 de septiembre de 2010 (Cencos).- “México tiene las mejores prácticas en el derecho a la información y ahora está bajo ataque con el pretexto de la seguridad nacional, ya pasamos esto en Estados Unidos y no terminó bien”, plática Thomas Blanton, director de The National Security Archive (NSA) de la George Washington University.
Blanton se mostró preocupado porque en México el derecho de acceso a la información está en riesgo por acciones como el incumplimiento de fallos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) por parte de instituciones de gobierno como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Agricultura que argumentan que se pone en riesgo la seguridad nacional para y así negarse a entregar información pública.
Durante el foro El Derecho de Acceso a la Información, Retos de la Transparencia y Seguridad Nacional, organizado por la iniciativa México Informate, el NSA, Ciudadanos en Medios y El Economísta, el jurista Miguel Carbonell coincidió en que "estamos ante un conjunto de medidas bastante contrario para la transparencia, este sexenio ha sido absolutamente pésimo para la transparencia. Es inconstitucional que las resoluciones del IFAI tengan que ser verificadas por un tribunal”.
En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, los ponentes señalaron que existen modificaciones a leyes que atentan contra el derecho a estar informados como la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que restringe la información sobre averiguaciones previas que será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y "es completamente inconstitucional", aseguró Carbonell, o el artículo 5 fracción 5 inciso C de la Ley Orgánica de la PGR que dice que esta institución le puede negar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) si se pone en riesgo una investigación en curso o la seguridad de las personas.
Otras estrategias como llevar a su máxima expresión las condiciones en que se puede reservar información según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (artículos 13 y 18), o incluso mantener un presupuesto inercial al IFAI como ahora sucede con el aumento del 1% cuando deberá arrancar con el Programa de Protección a Datos Personales (que requiere de 200 millones de pesos inexistentes), son muestra de "un ataque frontal a instituciones como el IFAI, además no hay un desarrollo legislativo del tema para equiparar la Ley de transparencia con la reforma del artículo 6 constitucional", señaló el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, también sede del evento.
"Ya hemos tenido el sabor de la transparencia y una mirada a un México más abierto y nos gusta, pero es claro que a las autoridades eso no les conviene y de ahí una serie de ataques a nivel federal y estatal para debilitar y obstaculizar la transparencia e impedir la rendición de cuentas reinstalando la cortina de opacidad" dijo Kate Doyle, directora adjunta del NSA, quién hizo un llamado a los y las periodistas y a la ciudadanía en general a seguir utilizando los mecanismos de acceso a la información para combatir intenciones del gobierno de ocultar datos que deben ser públicos.
Luis Miguel Cano, director de la organización Litiga Ole y de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho, recordó una serie de casos en los que el gobierno ha puesto trabas a la transparencia so pretexto de la seguridad nacional, como el de la indígena Ernestina Asencio donde se ha negado el reporte del forense, los dos estudiantes asesinados del Tecnológico de Monterrey, los niños Almanza, también acribillados por el ejército, el caso de Rosendo Radilla, en el cual el Estado negó sistemáticamente información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el de la revista Proceso que puso una queja ante la CNDH por el uso que la Secretaría de Seguridad Pública hizo de la publicación exhibiéndola ante medios como parte del material incautado a un sospechoso de narcotráfico; la CNDH desecho la queja y además negó a la revista la información de la misma.
“El derecho de acceso a la información es un triunfo en Ley y un fracaso en los hechos", dijo Cano, quien tiene una visión “desde las trincheras” en la lucha por garantizar este derecho.
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