Escrito por Vidulfo Rosales Sierra/El Sur de Acapulco A 39 años de la muerte de Genaro Vázquez Rojas resulta imperativo reflexionar sobre tres cuestiones fundamentales: 1. Las causas que llevaron a tomar el camino de las armas, la persistencia de esas causas. 2. Los crímenes cometidos al desmantelar militarmente la acción guerrillera de esos años. 3. La impunidad que prevalece. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria como otras organizaciones político–militares de los años sesentas sufrieron un cerco informativo. La opinión pública se enteró de la guerrilla por esos años de manera muy limitada. La censura de los medios de comunicación ocultó información relevante. Los hechos que se dieron a conocer fueron presentados como de nota roja y de policía. Se prescindió de un análisis de los fines políticos de transformación que estos movimientos pretendían lograr. Quienes buscaban modificar las condiciones sociales en un horizonte de justicia, eran presentados como “gavilleros” o “cuatreros”. El Estado privilegió el orden público por encima de los derechos fundamentales. Lo que justificaba todo tipo de represión. Las causas que orillaron a Genaro Vázquez a tomar las armas fueron sin duda alguna la pobreza en la que han vivido las comunidades campesinas, pero fundamentalmente el cacicazgo que en ese entonces controlaba todo lo relacionado con el mercado y el abasto, en un capitalismo salvaje que quería todo para sí, sin dejar un rendimiento al productor. El control de los insumos, la banca, del comercio, el coyotaje, el acaparamiento de los productos, el control del mercado, el monopolio del fertilizante, del transporte, del crédito y de los seguros. Ante estos actos de avasallamiento a la clase campesina el gobierno siempre estuvo al lado de los caciques, pisoteando al pueblo, poniendo el aparato del Estado al servicio de los intereses mezquinos de los poderosos. Estas circunstancias hoy en día poco han cambiado. El índice de pobreza cada día se ensancha más. Es cierto que el cacicazgo no es tan visible, pero ha sido suplantado por las empresas transnacionales, que a lo largo y ancho del país y del estado de Guerrero se pasean en nombre del desarrollo despojando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras y recursos naturales. Igual que en aquellos años, el aparato estatal está a su servicio. El 28 de abril del año pasado, en los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, el Estado puso al servicio de los ricos más de 2 mil policías para intimidar, reprimir y aprobar la expropiación de las tierras para la construcción de la presa La Parota. En la región de La Montaña, la Procuraduría Agraria se postra a los pies de las empresas mineras extranjeras y las asesora para manipular y coaccionar a las comunidades indígenas para que firmen los convenios de exploración y explotación minera. Al intentar desarticular al movimiento armado de los años sesenta el Ejército mexicano cometió graves violaciones a los derechos humanos: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que han sido ampliamente documentadas. Un caso emblemático es el de Rosendo Radilla Pacheco que ha merecido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano por los crímenes ocurridos en aquellos años. Por estos terribles crímenes ninguna persona ha sido condenada, en Guerrero ni siquiera se ha debatido el tema de la verdad, la justica y la reparación del daño a las víctimas de aquellos actos criminales. El gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo poco caso hizo de este tema; por el contrario, en una ofensa a la memoria de las víctimas de aquellos años, colocó estatuas de personajes como Rubén Figueroa Figueroa, señalado como uno de los perpetradores de aquellos delitos de lesa humanidad. Tampoco el PRD se ha interesado en el tema –por más que digan que sus candidatos y gobernantes tienen una agenda de derechos humanos– al inicio del mandato de Zeferino Torreblanca todos se ocuparon de la conformación del gabinete peleando sórdidamente los huesos y olvidándose por completo de la justicia transicional. Que este 2 de febrero sirva para que el movimiento social y la izquierda en Guerrero haga un análisis serio acerca de la necesidad de apuntalar el tema de la justicia transicional, el establecimiento de una comisión de la verdad que conduzca a establecer que pasó realmente en aquellos años, la ubicación y sanción a los responsables y la reparación del daño integral a las víctimas. |
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