¿Por qué una ley mordaza?

david lópez

Hoy Más que nunca quienes llegan al servicio público deben tener presente que su función es precisamente esa, la de servir. Es decir, son empleados de todos, por lo que reciben un salario. Cuando andan en campaña, prometen todo y de todo, sin embargo tan luego ganan la posición política que buscaban, llámese diputación, senaduría, presidencia municipal, gubernatura o presidencia de la república, cambian completamente; dan un giro de 180 grados. Se vuelven prepotentes y déspotas y se les adelgaza la piel, se vuelven alérgicos a las criticas. Pronto se les olvida que anduvieron suplicando el voto.

Los poblanos recién terminamos un gobierno déspota, el de Mario Marín y sus amigotes. Los poblanos votaron en contra del marinismo, como una posibilidad de encontrar tiempos mejores. Lo menos que esperamos los poblanos es que el nuevo gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas sea un gobierno cercano a la gente, de puertas abiertas y sobre todo un gobierno tolerante.

Cuando un empleado hierra en su trabajo, lo menos que recibe es un regaño, una llamada de atención y por supuesto una crítica, pero si el empleado sigue sin ser eficiente en su trabajo, el patrón tiene que prescindir de sus servicios.

Es el caso de los gobernantes, son empleados de todos, simplemente ocupan un puesto por tiempo determinado, por lo que sus patrones somos todos los ciudadanos, y si en el cumplimiento de su encargo cometen errores, o simplemente no cumplen con su trabajo, tenemos los ciudadanos que llamarles la atención, lo menos, criticándolos. Es ahí donde entran los medios de comunicación, que son el instrumento de los ciudadanos para llamar la atención de los gobernantes, de los empleados públicos. Así de fácil, así de sencillo.

Don Rafael Moreno Valle en campaña pidió a los poblanos que abriéramos los ojos, que una mejor Puebla estaba por venir, fue por eso que en su mayoría los poblanos optaron por la coalición de partidos que él representó.

Los ciudadanos vemos en el nuevo gobierno la posibilidad de retomar el rumbo que en la anterior administración se perdió, el de la tolerancia y la decencia.

Es por eso que no se entiende la urgencia de dicha iniciativa enviada al Congreso del estado para despenalizar los delitos de prensa y colocarlos en el rango civil, para que los “infractores”, ya no paguen con cárcel su “falta”, sino que sea por medio de una sanción económica fijada por un juez, quien a su criterio “castigue” con un monto económico al periodista, sanción económica que puede ser muy alta que lo despoje de su patrimonio.

¿Cuál es la urgencia de encontrar una ley que amordace a los comunicadores?

Por su parte la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Amedi, precisa una serie de ambigüedades en la redacción de los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, que según, destaca Amedi, dejan abierta la posibilidad de que se trate de un mecanismo de autocensura. Señala que la despenalización de los delitos mencionados a nivel federal se dio en 2007, donde quedó estipulado que aquellos funcionarios y servidores públicos que fueran objeto de daños a su honor o integridad no pueden ser indemnizados, solamente aplicarán las disculpas públicas en los medios de comunicación.

Comunicadores, catedráticos y especialistas en la materia coinciden en que eliminar del código penal los delitos de difamación y calumnia, cambiándolos como delitos civiles, como daño moral y su sanción mediante una multa económica, sin una regulación al respecto, queda un margen para que un juez establezca la sanción económica a su arbitrio que puede ser estratosférica, de tal magnitud que será imposible que el sancionado la pueda pagar.

Mañana, es decir este martes 22 de febrero, el pleno del Congreso pretende aprobar la iniciativa sin que se haya discutido, sin que dieran oportunidad de que las partes interesadas la discutieran.

Se ha pedido al Congreso que antes de que el pleno de la actual legislatura la apruebe, se someta a una consulta. Que den oportunidad que esta iniciativa sea discutida por juristas, comunicadores, instituciones de educación superior y ciudadanos interesados. Esperemos y diremos.