Por david lópez
Hace seis años en Puebla se desató un escándalo por la detención de la periodista Lydia Cacho, que estuvo a punto de provocar la caída del entonces gobernador precioso Mario Marín. Independientemente de la intervención del ex gobernador en el caso, la comunicadora tenía en su contra una denun
cia por difamación, de parte del textilero Kamel Nacif.
En ese caso, el escándalo en contra del gobernador fue monumental, a nivel nacional e internacional. Todo mundo opinó; el periódico La Jornada le dedicó planas enteras, las principales televisaras del país durante días golpearon al gobierno del estado, con justificada razón, lo que hizo Mario Marín fue una fechoría.
Sin embargo, la historia es diametralmente diferente cuando la felonía es en contra de personas desconocidas, o al menos no conocidas. Resulta que hace unos días tres mujeres vecinas del estado de Chiapas, según denuncia de las afectadas, fueron detenidas por un grupo de 25 policías ministeriales y estatales, sin una orden judicial de por medio, trasladándolas hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, donde por tres días fueron torturadas física y sicológicamente para que se inculparan como las asesinas de la activista de los derechos humanos Agnes Torres Hernández.
En este caso no ha habido escándalo, ningún medio ha denunciado esta arbitrariedad de las autoridades estatales. Vaya ni Lydia Cacho ha manifestado un solo punto de vista. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han guardado silencio
Lydia Cacho, repito, fue detenida luego de un proceso judicial en su contra y las tres chiapanecas nada más por ocurrencias de las autoridades por la urgencia de dar un golpe mediático y la urgencia de fabricar culpables.
cia por difamación, de parte del textilero Kamel Nacif.En ese caso, el escándalo en contra del gobernador fue monumental, a nivel nacional e internacional. Todo mundo opinó; el periódico La Jornada le dedicó planas enteras, las principales televisaras del país durante días golpearon al gobierno del estado, con justificada razón, lo que hizo Mario Marín fue una fechoría.
Sin embargo, la historia es diametralmente diferente cuando la felonía es en contra de personas desconocidas, o al menos no conocidas. Resulta que hace unos días tres mujeres vecinas del estado de Chiapas, según denuncia de las afectadas, fueron detenidas por un grupo de 25 policías ministeriales y estatales, sin una orden judicial de por medio, trasladándolas hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, donde por tres días fueron torturadas física y sicológicamente para que se inculparan como las asesinas de la activista de los derechos humanos Agnes Torres Hernández.
En este caso no ha habido escándalo, ningún medio ha denunciado esta arbitrariedad de las autoridades estatales. Vaya ni Lydia Cacho ha manifestado un solo punto de vista. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han guardado silencio
Lydia Cacho, repito, fue detenida luego de un proceso judicial en su contra y las tres chiapanecas nada más por ocurrencias de las autoridades por la urgencia de dar un golpe mediático y la urgencia de fabricar culpables.
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