Fuente: Gladis Torres Ruiz
Cimac
La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, Imelda Marrufo Nava, alertó sobre
el riesgo de que regresen a sus funciones los jueces acusados de exonerar a Sergio Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, y principal sospechoso del asesinato de la activista Marisela Escobedo.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada afirmó que al parecer se complica el proceso para que el Poder Judicial de Chihuahua castigue a los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado por haber absuelto a Barraza Bocanegra, a pesar de contar con las pruebas suficientes para condenarlo por la muerte de Rubí Marisol.
Marrufo Nava explicó que el procedimiento legal se vislumbra “bastante largo y complicado”, ya que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua tiene cerca de un mes para determinar si los jueces incurrieron en faltas u omisiones. Aclaró que si se determina que así fue, los inculpados tienen la posibilidad de ampararse.
El pasado lunes el Supremo Tribunal notificó a los jueces que se encuentran bajo proceso por lo que ahora tienen hasta el próximo 14 de enero para presentar las pruebas en su defensa. Desde el pasado 16 de diciembre los jueces están suspendidos de sus funciones de manera indefinida.
Marrufo Nava consideró que el gobierno de Chihuahua espera el momento político “adecuado” para determinar lo que sucederá con la y los jueces, con lo que hay riesgo de que el proceso cambie en cualquier momento.
Sin embargo, las organizaciones estaremos pendientes del resultado de este proceso y lo seguiremos de cerca, así como con la exigencia de justicia para Marisela Escobedo y su hija Rubí, apuntó la activista.
En tanto, Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), señaló a Cimacnoticias que separar del cargo a los tres jueces implicados en la liberación de Barraza es una respuesta tardía, limitada y parcial, que responde a los hechos que se están dando y para acallar los reclamos.
Esto va más allá, insistió, ya que se necesita una revisión del Poder Judicial que llegue hasta la Procuraduría estatal, toda vez que en la revisión del caso encontramos una gran cantidad de omisiones y negligencias desde que se reportó la desaparición de Rubí, enfatizó.
Mientras, el Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad realizar un período extraordinario de sesiones a partir del próximo martes 11 de enero, para determinar si procede el juicio político contra los tres jueces.
El Congreso estatal informó en un comunicado que tomó la determinación toda vez que la diputación permanente no tiene facultades para aprobar el inicio del juicio político, ni para integrar la Comisión Jurisdiccional que llevaría el proceso.
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