martes, 22 de septiembre de 2015

Juzgado federal ordena a Juez 12° Ismael De Gante evitar se disponga de inmueble del que fueron desalojados defensores de derechos humanos.
Momentos del ilegal desalojo de  los defensores de derechos humanos
· Juez  Federal ordena al Juzgado 12° Financiero del Estado de Puebla no disponer del inmueble del que fueron desalojados defensores de derechos humanos hasta la resolución del Juicio de Amparo.
El Juzgado de Distrito ordenó al Juez 12 especializado en materia financiera, Ismael De Gante López evitar que la parte actora María Levinia Arellano Cabrera disponga del inmueble del cual fueron desalojados el pasado 12 de agosto los defensores de derechos humanos Mariel Bonilla e Israel Sampedro, para evitar mayores perjuicios en tanto se resuelve el juicio de amparo.
El lanzamiento ordenado por el Juez 12 especializado en materia financiera favoreció a la parte contraria, ya que al ser ejecutado antes de ser resuelto el medio de impugnación promovido contra la orden de lanzamiento, dejo en estado de indefensión a Mariel Bonilla como representante legal de la sucesión de la parte demandada María Elvira Dumit, quien pese haber fallecido once años antes de su emplazamiento, fue notificada según diferentes diligenciarios, de manera personal en diversas ocasiones, consintiendo así dicha Autoridad la simulación de actos jurídicos.
No puede pasar desapercibido que el Estado garante de derechos, paradigma sobre el cual se supone debe regirse el estado mexicano, no debe ni puede consentir, bajo ningún argumento legaloide, la violación de derechos humanos, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla deberá asumir la responsabilidad constitucional que el Artículo 1° de nuestra Carta Magna le obliga para investigar la violación evidente de las disposiciones constitucionales de legalidad, audiencia, debido proceso y certeza jurídica, debiendo realizar un estudio técnico jurídico, exhaustivo e imparcial, del juicio ordinario mercantil para fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes ante la sistemática violación de derechos humanos.
Por lo que exhortamos al Presidente del Tribunal Roberto Flores Toledano para que el resultado de dicha investigación sea de la opinión publica y se considere en el reporte que se presente al Congreso del Local como parte del informe de la situación en la administración de justicia en el estado de Puebla.
En los hechos el acceso a la justicia se encuentra determinado por condiciones económicas y, por el alto grado de descomposición de los altos mandos de las instancias del gobierno mexicano. Así, aunque los derechos humanos fueron reconocidos constitucionalmente, en la práctica, con una lógica legalista se van limitando y al mismo tiempo el régimen neoliberal mexicano los privatiza.
Por lo anterior, es que llamamos al pueblo en general, a las víctimas de desalojo y desplazamiento forzado a denunciar, a hacer públicos sus casos y a actuar de forma organizada en la defensa por el derecho humano a la vivienda. De igual manera, a las organizaciones populares y de derechos humanos les solicitamos manifestar su inconformidad sobre esta injusticia y mantenerse al tanto de la situación de Mariel Bonilla e Israel Sampedro, miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos.
COMBATIVAMENTE
¡Respeto del derecho humano a la vivienda!
¡Alto al desalojo y desplazamiento forzado!
¡La impartición de justicia es un derecho, no un favor del Estado!
¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH)
Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH)
Unión Por la Organización Estudiantil (UPOE)


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