El operativo emprendido el miércoles por el secretario de Seguridad Pública Ardelio Vargas Fosado no debe tomarse tan a la ligera. La violación a las garantías constitucionales cometidas por los agentes policiacos de los tres niveles de gobierno, incluso con la participación del ejército, deben evitarse.
La intención de terminar con los lugares donde se comercializan refacciones robadas sin duda es apoyada por todos los ciudadanos. Sin embargo armar todo un operativo tan ostentoso sin tener elementos jurídicos y pruebas suficientes contra los negocios y personas, es muy delicado.
Lamentablemente para las autoridades quedó evidenciado que el operativo fue un acto improvisado, tan es así, que de las 54 personas detenidas, todas quedaron en libertad por falta de pruebas.
Lo único que quedó claro es que para las nuevas autoridades policiacas no existen los derechos que marca la Constitución.
De otra manera que expliquen cómo es posible que se hayan detenido a ciudadanos por el único delito de haber estado en ese lugar, sin ningún señalamiento y sin orden judicial. Cualquiera que hubiéramos estado en el lugar habríamos sido detenidos, más aún si se nos hubiera ocurrido transitar en bicicleta por la 46 poniente.
Si de verdad existen comercios y comerciantes en la zona de la 46 poniente que se dedican a vender refacciones robadas, antes de proceder, las autoridades deben ubicar y proceder en consecuencia con una orden judicial. No se valen los abusos de poder. Atenco y Oaxaca no se deben repetir.
Los poblanos todos, apoyamos en todo lo que significa, cualquier acción que emprendan nuestras autoridades para combatir a la delincuencia, que cada día se hace más presente en Puebla, estado y capital, sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en los abusos de poder, únicamente para que en los medios de comunicación se mande al resto de la sociedad el mensaje de que están cumpliendo con su trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario