21 de enero, Peña Nieto dará a conocer su propuesta para reducir el hambre y la pobreza en el país.

Para acabar con el hambre, se requieren cambios estructurales en las políticas públicas
El Barzon

El gobierno ha anunciado que el día 21 de enero dará a conocer su propuesta para reducir el hambre y la pobreza en el país. Si bien un objetivo de ese tipo es loable, es necesario advertir que para poder concretarlo se requiere darle una visión y un contenido mucho más ambicioso que asimile y las experiencias de programas que pusieron en marcha anteriores administraciones nuestro país, así como las experiencias de otras economías, como la brasileña.

· Es importante recordar que México ya ha desarrollado experiencias de políticas públicas orientadas a combatir el hambre y la pobreza. Esas experiencias han contribuido a generar un marco legal con ese propósito:

· Nueve tratados internacionales en relación con derechos humanos, que obligan jurídicamente a México a hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada.

· Reformas a la Constitución (13 de octubre de 2011) por las que se incluyó el derecho a la alimentación en los artículos 4 y 27 de la Constitución.

· El artículo 1 de la Constitución dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México sea parte.

· Anteriormente, en la Constitución ya se mencionaba el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación (art. 4) y la obligación de los estados de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación (art. 2 B) III y VIII).

Además, los artículos 2, párrafo 1, y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que México debe dedicar el máximo de los recursos disponibles a lograr progresivamente la efectividad del derecho a la alimentación.

Incluso, como lo reconoce el Relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, México es un país pionero en programas condicionales de transferencia de
efectivo. Así, en 1997 se operó el Progresa, que en 2002 se convirtió en Oportunidades, que hoy beneficia a alrededor de seis millones de familias por todo el país, con particular énfasis en los estados con mayores rezagos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Oportunidades es un programa ayuda a las familias pobres de las comunidades rurales y urbanas a mejorar la educación, la salud y la nutrición de sus hijos mediante transferencias de efectivo (entregadas por lo general a las mujeres y las madres), becas, servicios básicos de atención de la salud y suplementos alimenticios. Si bien los beneficios están condicionados, no existe un criterio que permita aprovechar productivamente a esa condicionalidad.

A su vez, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con su Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, mediante desayunos escolares y ayuda alimentaria a los grupos vulnerables benefició a más de seis millones de niños en edad escolar, a casi 400,000 niños menores de 5 años; cerca de 800,000 familias en situación de pobreza extrema o de emergencia a causa de un desastre, también beneficia a casi un millón de personas en condiciones de vulnerabilidad.

También se cuenta con dos empresas que llevan a cabo el abastecimiento de alimentos a diferentes tipos de población. Por ejemplo, el Programa de Abasto Rural de Diconsa cuenta con 25,468 tiendas en todo el país, que en teoría deben volver accesibles alimentos en comunidades con menos de 2,500 habitantes. A su vez, Leche Industrializada Conasupo, Liconsa beneficia a seis millones de personas, de los cuales 3.5 son niños menores de 12 años, propiciando una mejora en tallas de los beneficiados.