Adrián Salazar
El próximo 7 de julio se realizarán elecciones a cargos populares en 14 estados del país. En Puebla se renovará el Congreso local (41 diputados), y los 217 ayuntamientos; por primera vez, durarán en el cargo quienes ganen “democráticamente” el proceso cuatro años 8 meses, con la intención de homologar los tiempos de elección federal con el local.
Sin embargo, previo a que arranquen las campañas, ya han comenzado las embestidas mediáticas, como la emprendida recientemente por el Partido Acción Nacional (PAN) -secundados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- en contra del actual gobierno federal que está en manos del Revolucionario Institucional.
Diversos medios -nacionales y locales- hicieron eco al hecho de que el gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, y la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige la experredista Rosario Robles Berlanga, entablaron una red electoral delincuencial, en la que condicionan la entrega de apoyos de programas sociales con propósitos electorales, obviamente, en favor del PRI.
Mi propósito no es abundar más en este hecho, más que conocido por la mayoría de los mexicanos, ni defender lo indefendible. Lo que pretendo es reflexionar sobre la calidad moral de todos los políticos que -desgarrándose las vestiduras- dicen reprobar este tipo de prácticas: el primero en hacerlo, como ya sabemos, fue Gustavo Madero, al denunciar el mal uso que los priistas hacen de los programas sociales a través de Sedesol federal.
Pero esto no es nuevo, ¿o sí?, los actores de la política olvidan, o aparentan desconocer, que en tiempos electorales, para todos los partidos políticos no hay mejor herramienta de proselitismo que el “adecuado” uso de programas sociales.
Todo mundo sabe, porque cada campaña así lo demuestra, que los programas sociales son usados como carnadas por los funcionarios de los distintos niveles de mando, con tal de conseguir el botín electoral, ese apetitoso platillo que representa la gran cantidad de personas confinadas en los distintos niveles de marginación social. Los políticos se aprovechan de la necesidad de los pobres, quienes ante la práctica asidua de este tipo engaños y sabedores de que los candidatos que fueron a tocar a sus puertas prometiéndoles empleo, salarios dignos y la luna y las estrellas para mejorar sus condiciones de vida, no se acordarán de ellos una vez que estén en el poder, aceptan gustosamente las dádivas electorales.
Para decirlo en otros términos: les dan migajas a los que hacen el pan, y así lucran con la pobreza usando los programas sociales y con ello le dan al traste al objetivo que deberían tener: contribuir, aunque sea mínimamente, al bienestar de las familias, al bienestar de esos 80 millones de pobres que existen a lo largo y ancho del país, de los cuales 700 mil se ubican en la capital del estado, en las colonias populares de la periferia de la Angelópolis.
Volvamos a Sedesol, pero de Puebla, y bajo la administración de la panista Myriam Arabian Coutolenc, para comprobar que quienes hoy se rasgan las vestiduras por el “uso electoral de los programas sociales” son los mismos que ayer solaparon el mal uso del dinero. Por lo menos en Puebla, casi todos los medios dieron a conocer el fraude millonarios que realizó la dependencia, cuando le pagó 6 millones 840 mil pesos a la empresa hidalguense Provnamac, por material que debía ser utilizado en el programa “Apoyo a viviendas rurales”, con el que se beneficiarían familias en situación de pobreza extrema en cinco municipios, pero el apoyo nunca llegó.
Es aquí donde pregunto: ¿Dónde estaban los panistas denunciando estos actos ilícitos? Porque supongo que lo que a ellos los mueve y preocupa, es que los apoyos de los programas verdaderamente lleguen a los pobres y no se queden en el camino. No atinaron a asomar la cabeza.
Es un secreto a voces que todos los grupos políticos usan los programas sociales para llevar agua a su molino. Los que están en el poder para conservarlo, y los que no, para conseguirlo.
A finales de marzo, en Huitzilan de Serdán -uno de los 400 municipios incluidos en la “Cruzada contra el hambre”- los pobladores dieron a conocer que el personal del programa “Oportunidades” les pedían ciertas cuotas para no colocarlas en la “lista negra”, es decir, para que pudieran seguir recibiendo este “gran” apoyo. Mientras que en Tepexi de Rodríguez, el presidente de la junta auxiliar Almolonga denunció que Edmundo Valois Maceda, delegado de Sedesol municipal, y Aurelio Hoyos, delegado del DIF estatal, repartieron despensas para coaccionar el voto en favor de Acción Nacional.
Como éstos, muchos otros casos se pueden citar, no sólo de Puebla, ni sólo del PAN, sino en toda la República Mexicana y de todos los grupo políticos, sin importar color ni siglas. Entonces, ¿cuál es la calidad moral de los panistas para enjuiciar este tipo de acciones? Queda claro que en política, para sobresalir de los demás, es mucho más fácil señalar errores y defectos ajenos, que hacer gala de las virtudes propias que, a mi juicio, no poseen.
Queda claro que el interés de la clase política no es ayudar al pueblo, y si no lo van a ayudar, ¿es mucho pedir que no lo sangren más? ¿Que los programas sociales existentes se usen correctamente? ¿Que no se otorguen sólo a los partidarios del gobierno en turno? ¿Que no sean carnada electoral? Quien esté seguro de no caer en estas prácticas viles y sucias, que arroje la primera piedra.
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