martes, 27 de marzo de 2012

Los defraudados por SITMA deberían demandar a la Secretaría de Hacienda por ser la autoridad primigenia.

César Musalem
Los defraudados de sitma e Invergroup, fueron cuando confiaron sus dineros a estas supuestas máquinas de hacer dinero cómodamente, personas del vecindario nacional que carentes de información económica y mucho menos financiera que es de alta especialización, confiaron en las instituciones nacionales gubernamentales, suponiendo que alguna protección existía como en los bancos, las financieras, los fideicomisos, las casas de bolsa, las uniones de crédito y algún tipo de portafolios de dinero.

Una de ellas, la única responsable, que es la secretaría de hacienda y crédito público de la nación, omitió o no vislumbró atingentemente estas formas de fraudes cometidos por cualquier gandalla inteligente, para crear una organización llamativa, simple y dirigida hacia un nicho de mercado de fácil captación como son los perfiles de los ahora defraudados.

Lo llamativo, es el alto porcentaje de intereses a recibir cuando las instituciones bancarias existentes pagan intereses cristianos tipo San Agustín, que el santo denominó intereses justos.
Que esos mismos centros de dinero cobren 300 o 400 % mas por préstamos es otro tema.Su simpleza es notable: Algunos metros cuadrados de oficinas varias, ahí donde hay dinero de remesas. Unos trabajadores comunes disfrazados de ejecutivos de cuenta, y san se acabó.Los otros responsables lo son los ayuntamientos mexicanos, los cuales otorgan :

a-.El uso de suelo a su criterio sin ninguna otra decisión ajena a ellos a la persona física o moral que consideran pertinente.

b.-Así como las licencias de funcionamiento de todas y cada una de las actividades humanas vinculadas a la sociedad. ¿Existe en México como país un reglamento municipal donde precise el tratamiento gubernamental para casas donde se maneje dinero sin control oficial?

Las marchas no sirven mas que para ser apaleados, despreciados o incomprendidos, quizás con los afectados se usen medidas políticas partidarias, pero si de recuperar lo invertido ahora perdido, se trata, los defraudados deberían demandar por causas administrativas económicas a la secretaría citada por ser la autoridad primigenia en todo lo que sea capital nacional capaz de producir mas capital. Esta consideración serviría únicamente para operaciones futuras toda vez que legalmente (no legítimamente), los ahora angustiados quejosos seguramente jamás declararon impositivamente sus ganancias provenientes de intereses como supuestos inversionistas.

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