jueves, 12 de junio de 2014

Sria. Gral. De Gobierno pretende organizar consulta sin convocar a los pueblos afectados por el proyecto hidroeléctrico.

Gobierno presiona a autoridades locales para que permitan que funcionarios de GESA organicen  consulta a favor de hidroeléctrica.
 

· Todas las organizaciones  piden dialogo y respeto del gobierno del estado

ÁNGEL Ibáñez Fonseca.
Representantes de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla entre ellas; Comité de Defensa del Territorio de Zoquiapan, Comité de Defensa del Territorio de Xochitlán, Consejo Tiyat Tlali y Tétela Hacia el Futuro  acusaron que la Secretaria General  de Gobierno, tiene programado  realizar un foro de consulta con la finalidad de que  sea avalado el proyecto Hidroeléctrico San Antonio, pero pretende no convocar a los pueblos indígenas nahuas y totonacos cuyos derechos se verían afectados por la construcción de dicho proyecto.     
Refieren que la Secretaría de Gobierno estatal  presiona a  las autoridades locales y a representantes comunitarios para que reciban a funcionarios de la empresa Generación Eléctrica San Antonio SA de CV. (GESA)  para  que aprueben su proyecto.
Indican que con el apoyo gubernamental, la empresa ha presentado un protocolo para la firma y aceptación de dicho proyecto a los Ayuntamientos en donde pretenden realizar la supuesta consulta, mismo que incluye una serie de irregularidades como el designar a la empresa como el órgano responsable de realizar dicha consulta.
“Esto representa una grave violación a los estándares de consulta a los pueblos indígenas, que establecen que la consulta es una obligación del Gobierno, sin la intervención de las empresas es su responsabilidad"; dijeron.
Denunciaron que la SEMARNAT y el gobierno del estado están actuando como promotores de proyectos de capital privado que buscan la generación de ganancia y la profundización de la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, en lugar de actuar para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo que exigieron  al gobierno federal y estatal que respeto al  derecho a la autodeterminación y cese el hostigamiento a autoridades y población de la Sierra Norte debido a su  total negativa al proyecto hidroeléctrico y a todos los llamados “proyectos de muerte” que se pretenden imponer.
Señalaron  estar “viviendo un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Estado de Puebla. Estos hechos de hostigamiento han ido desde la intimidación a ciudadanos y autoridades que se oponen a estos proyectos, así como el atentar contra la integridad de sus vidas”.
Exigieron  la liberación de los lideres sociales Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores, así como el esclarecimiento y justicia del asesinato del compañero Antonio Esteban Cruz.
Porque criminaliza la protesta social, pidieron la  abrogación de la  “Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”; además que las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, tomen es sus manos esta propuesta y pugnen por la abrogación de esta ley.
Por último como lo han hecho muchas organizaciones, legisladores y ciudadanía en general; hicieron un llamado al gobierno del Estado a una audiencia pública para que sea a través del diálogo político como se resuelvan los conflictos sociales y que no sea pretexto de violaciones a derechos humanos y constitucionales.


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