lunes, 21 de noviembre de 2011

REGIDORES DE TLATLAUQUITEPEC  DENUNCIAN A SU PRESIDENTE MUNICIPAL POR CHUECO.

Entre otras acusaciones aseguran que Porfirio Loeza, ha recibido más de 64 millones de pesos, sin dar razón en qué se gastaron.
Por Marco Antonio Juárez García.
Puebla a 21 de Noviembre de 2011.- Prácticamente la mitad del cabildo del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec Puebla, llegó hasta esta ciudad capital, para denunciar una serie de anomalías protagonizadas principalmente por el presidente municipal del lugar Porfirio Loeza Aguilar, quien como es del conocimiento público tiene revocación de mandato del Congreso del Estado y aún sigue en funciones.
De acuerdo a lo declarado por los regidores de ese Ayuntamiento; Jorge Alberto Guzmán Cosca, de Ecología y Turismo, Filomeno Romano Bonifacio, de Industria y Comercio, Maclovio Guerrero Méndez, de Grupos Vulnerables, Gonzalo Vallejo Camacho, de Educación y la profesora Lorena Bello Vela, de Salud, el Ayuntamiento de Tlatlauquipetec, sufre una gran crisis, que de no intervenir de adveras las autoridades de gobernación en el estado, pudiera terminar en ingobernabilidad.
En rueda de prensa cada uno de ellos expuso su inconformidad, la cual se generalizó cuando coincidieron en exigir como regidores al presidente municipal destituido (aún en funciones), Porfirio Loeza Aguilar, que les sea turnado por escrito el oficio que el pasado 25 de Octubre, le giro el Congreso del Estado, en donde se le notificó al munícipe que a partir de ese momento no podía seguir ejerciendo como presidente municipal, toda vez que tenía que enfrentar una serie de demandas ciudadanas y del propio Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
Esta petición los regidores se han cansado de hacerla de todas las maneras posibles, sin embargo solo han recibido pretextos y negativas por parte del Secretario General del Ayuntamiento, José Antonio Salgado Jiménez, quien al decir de los inconformes, funge también como secretario particular de Loeza Aguilar y de tapadera, ya que cumple al pie de la letra, dijeron lo que el alcalde le ordena así esté fuera de la ley, como lo es negarle a los regidores dicho documento que serviría para que se demuestre que efectivamente los diputados han suspendido a munícipe definitivamente.
Por todo esto, los cinco miembros del cabildo, tres de Acción Nacional, uno del Partido del Trabajo y otro más del Partido Revolucionario Institucional, pidieron la inmediata intervención del gobernador Rafael Moreno Valle, toda vez que consideran que alguien muy influyente está atrás de todo esto, por lo que se preguntan una y mil veces, por qué si el Congreso del Estado, ya ha notificado de manera oficial y apegados a derecho, la revocación de mandato de Loeza Aguilar, sigue en funciones y más aún, por qué esta ejecución no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“No es posible tanta pinche desfachatez, dijo iracundo Jorge Alberto Guzmán, cómo es posible que el señor este inhabilitado por la legislatura pasada y suspendido por la actual, por no haber comprobado varios desvíos de recursos y él sigue como si nada, disponiendo de manera descarada de los recursos del erario y laborando en la presidencia y en las comunidades como si no pasara nada, carajo, chingao ¿que no hay leyes en este país”? Se preguntó el regidor de Ecología y Turismo.
Estos personajes que representan prácticamente la mitad del Cabildo de Tlatlauquitepec, acusaron también a Porfirio Loeza Aguilar, de haber erogado, tan solo en lo que va de esta administración más de 64 millones de pesos, sin que el cabildo esté enterado en qué se están empleando y para colmo del cinismo, dijeron “ahora nos ha exigido que le aprobemos un crédito con Banobras de 28 millones de pesos, ya que dice solo así se podrá nivelar el Ayuntamiento de la crisis por la que atraviesa”.
Ante esto, la respuesta al menos de los cinco regidores inconformes fue un contundente “No” lo que despertó la ira del cuestionado personaje y decidió como una medida o más bien como una represalia en contra de quienes no le aprueban su capricho, bajarles el sueldo al 50 por ciento y dejarlos sin las prestaciones de contempladas en la Ley Laboral, como son vacaciones y aguinaldo.

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